En la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Corrupción y Crimen Organizado de Quito, la jueza Karol Gissela Zambrano Macías ordenó la noche del 23 de septiembre de 2025 prisión preventiva para 12 procesados vinculados a las protestas por el paro nacional.

La medida se dispuso durante la audiencia de calificación de flagrancia, realizada a las 23:41 por el delito de terrorismo. Todos los sospechosos fueron capturados durante las manifestaciones en Imbabura.

Una vez que fueron aprehendidos, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que dos estarían vinculados al grupo criminal internacional Tren de Aragua. Sin embargo, no se presentaron pruebas que sustentaran esa acusación.

Se dijo que aquellos supuestos integrantes de la banda criminal son venezolanos e ingresaron al país de forma ilegal. Ellos junto con el resto de capturados permanecerán privados de libertad mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en actos terroristas, según la acusación.

La magistrada dispuso girar las boletas constitucionales de encarcelamiento respectivas para su ingreso en el centro penitenciario correspondiente. Todo esto bajo custodia del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI).

La Conaie se pronunció ante los detenidos por el paro nacional

Además, en el mismo proceso, la jueza otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva a una mujer, quien también fue detenida en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Con la decisión se ordenó su inmediata libertad, de conformidad con lo previsto en el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Ante las detenciones, la Conaie emitió diversos pronunciamientos a través de sus redes sociales oficiales. En sus comunicados exigía al presidente Daniel Noboa que no polarizara ni confundiera a la ciudadanía, en medio del paro por la eliminación del subsidio al diésel.

“Acusar al pueblo organizado de ser parte de ‘mafias criminales’ solo demuestra debilidad y miedo frente a la fuerza de la resistencia legítima. Los pueblos y nacionalidades indígenas, junto a los sectores sociales movilizados en el Paro Nacional Ecuador, no son delincuentes: son quienes producen los alimentos, cuidan el agua y defienden los territorios”, explicó la organización.

Argumentó que entre los detenidos hay luchadores sociales, campesinos, jóvenes, mujeres y líderes que ejercen su legítimo derecho a la resistencia. “Criminalizar la protesta es un acto de manipulación política que busca debilitar las demandas del pueblo y ocultar la responsabilidad de su gobierno frente a la crisis económica, social y democrática”, precisaron.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!