El Gobierno ecuatoriano anunció la suspensión de actividades mineras en cuatro concesiones ubicadas en la provincia amazónica de Napo, como resultado de un proceso de verificación que evidenció incumplimientos a las normas ambientales vigentes.

Las concesiones afectadas pertenecen a la empresa china Terraearth Resources S.A. y forman parte del proyecto minero Tena. La decisión fue adoptada tras la revisión de informes del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que señalaron diversas irregularidades en el manejo ambiental del proyecto.

Concesiones suspendidas por disposición 

La medida fue ejecutada mediante la Resolución Nro. MEM-CZN-2025-0027-RM, emitida por la Coordinación Zonal Norte del Ministerio de Energía y Minas, y afecta directamente a las concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho. Todas forman parte del mencionado proyecto en el territorio de Napo.

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De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Energía, la suspensión se basa en el incumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado, así como en la transgresión de las obligaciones estipuladas en la licencia ambiental, según lo establecido en los artículos 58, 70 y 79 de la Ley de Minería.

Se aplicarán medidas de reparación ambiental

La suspensión de las actividades de exploración y explotación se mantendrá vigente hasta que el MAATE determine el levantamiento de la suspensión de la licencia ambiental. Mientras tanto, la empresa deberá cumplir con medidas correctivas de reparación ambiental, conforme a lo establecido por la Constitución y la normativa ambiental ecuatoriana.

Esta notificación fue remitida a la empresa titular, Terraearth Resources S.A., que será responsable de aplicar las acciones correspondientes para corregir las observaciones registradas por las autoridades ambientales y mineras.

Control estatal frente a la minería en la Amazonía

El Ministerio de Energía recalcó que se mantiene un trabajo constante de supervisión sobre las actividades del sector minero, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes y garantizar una operación respetuosa con el medioambiente y las comunidades aledañas.

Además, la suspensión de estas concesiones se da en un contexto de reforzamiento de controles frente a la minería ilegal en la región amazónica. Cabe recordar que el 9 de mayo, once militares murieron en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal en las provincias de Orellana y Napo.

Este tipo de acciones forman parte de una estrategia para ordenar la actividad minera en el país, priorizando el respeto a las normas ambientales y a los derechos de las comunidades.

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