El prolongado retraso en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y personas con discapacidad en Ecuador podría tener una respuesta definitiva este lunes 8 de diciembre de 2025. Ocho ciudadanos, entre ellos Harry Valarezo, presentaron una acción de protección tras más de un año de reclamos sin respuesta por parte del Gobierno y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

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Valarezo explica que, desde 2024, los afectados han remitido comunicaciones al presidente Daniel Noboa, a la ministra de Economía, al director del SRI y autoridades zonales, sin obtener ninguna solución. A ello se suman siete plantones realizados desde 2024 en diferentes ciudades, cinco de ellos únicamente en 2025 en Guayaquil.

Aunque la normativa establece que el SRI debe reembolsar el IVA en un máximo de 60 días para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad, los tiempos se han extendido significativamente.

Durante el gobierno de Guillermo Lasso, señala Valarezo, la devolución tomaba alrededor de cuatro meses. Hoy, bajo la administración de Noboa, el trámite está demorando siete u ocho meses, duplicando los plazos legales.

Una paradoja frente a la alta recaudación del IVA

La molestia entre los beneficiarios aumenta porque el propio SRI reportó cifras récord en recaudación. Solo en el primer semestre de 2025, el Estado obtuvo USD 5.311 millones por IVA, un incremento del 17,8 % respecto al año anterior, impulsado por el alza del impuesto del 12 % al 15 % vigente desde abril de 2024.

“Si recaudan tanto, ¿por qué no devuelven lo que corresponde a los adultos mayores y personas con discapacidad?”, cuestiona Valarezo.

El retraso, advierten los afectados, no es un problema administrativo aislado: compromete su subsistencia diaria. Muchos dependen de ese dinero para medicinas, alimentación básica y gastos esenciales.

Según el censo del INEC 2023, más de 1,5 millones de adultos mayores viven en el país.

Un fallo esperado que podría cambiarlo todo

La audiencia por la acción de protección se desarrollará este lunes 8 de diciembre de 2025. Un detalle llamó la atención de Valarezo: días antes de la cita judicial, el SRI le devolvió tres meses pendientes. “¿Será por la acción?”, se pregunta.

El grupo sostiene que no busca tratos diferenciados ni prioridad individual, sino que el Estado cumpla los plazos legales para todos los beneficiarios, incluidos jubilados y personas con discapacidad.

¿Qué pasa si la jueza acepta la acción de protección?

El abogado Jorge Iturburu, quien representa el caso y también es uno de los afectados, explica que un fallo favorable obligaría al Estado a devolver el IVA retenido entre 24 y 48 horas, siempre que el beneficiario haya presentado el trámite y cumplido los tiempos de espera establecidos (dos meses para adultos mayores, tres meses para personas con discapacidad).

Si la jueza rechaza la acción, los ciudadanos ya tienen decidido el siguiente paso: apelar y llevar el caso a instancias superiores, incluso hasta la Corte Provincial.

Iturburu recalca que este proceso busca defender derechos fundamentales de un sector vulnerable. “Este es un caso donde se han vulnerado los derechos humanos de personas envejecidas y de personas con discapacidad”, sostiene.

Mientras se espera la resolución judicial, el pedido sigue siendo el mismo: que el Estado cumpla y devuelva el IVA a tiempo.

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