En Ecuador, se encuentra en desarrollo la fijación del Salario Básico Unificado (SBU) para el año 2026, lo que genera expectativa entre trabajadores, empleadores y el Estado. Actualmente, el SBU vigente es de $470, cifra que entró en vigor el 1 de enero de 2025.

El principal desafío radica en lograr un equilibrio que permita mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar la viabilidad de las empresas, especialmente las micro y pequeñas, en un entorno económico desafiante.

¿Quién aprueba el aumento del salario básico en Ecuador?

De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Trabajo, el proceso para definir el nuevo SBU será revisado por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), que incluye representantes del sector estatal, empresarial y de trabajadores. Las reuniones técnicas comenzarán en la tercera semana de noviembre de 2025, con un seguimiento en la última semana de ese mes y los primeros días de diciembre.

Durante estas sesiones, se examinarán los informes del Banco Central del Ecuador, del Instituto Nacional de Estadística y Censos y del Ministerio de Economía y Finanzas para determinar un monto sustentado técnicamente.

¿Cuánto será el aumento del salario básico en Ecuador en 2025?

En cuanto al monto estimado, el Gobierno anticipa un incremento moderado de $16, lo que llevaría el SBU a $486 mensuales para 2026. Esta proyección se basa en estimaciones de inflación, crecimiento económico y empleo para el periodo 2025-2026 y se alinea con la política de sostenibilidad salarial. Sin embargo, algunos sectores laborales consideran que este monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de numerosas familias ecuatorianas.

Organizaciones sindicales han propuesto cifras más elevadas, como un SBU de aproximadamente $564, justificando que es la cantidad mínima necesaria para satisfacer la canasta básica de una familia promedio. "Es necesario que aumenten el sueldo; la canasta básica es muy cara y no alcanza para vivir", afirma Rocío Castro, trabajadora de Guayaquil.

Por otro lado, los empleadores advierten que un aumento excesivo podría impactar negativamente el empleo formal, incrementar el costo de la mano de obra y fomentar la informalidad. 

"Para los trabajadores, el nuevo SBU significa más que un número: es la posibilidad de enfrentar el incremento de precios y mejorar su calidad de vida. Para las empresas, sobre todo las micro y pequeñas, representa un costo que debe integrarse sin comprometer la contratación ni la competitividad", sostiene Hernán Cevallos, economista. En este contexto, el Estado debe desempeñar un papel de mediador y garante del proceso, asegurando tanto la viabilidad empresarial como la protección social.

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