El pago de salarios y beneficios de ley para los servidores públicos continúa siendo uno de los rubros más pesados del Presupuesto General del Estado.

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Según la Proforma 2026, enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional el 31 de octubre, este componente representa el 43 % del total de los gastos corrientes, lo que equivale a $10.079,15 millones.

Aunque el monto es 0,30 % menor al de 2025, el número de funcionarios proyectado para el próximo año aumenta en un 3,8 %, lo que ha despertado dudas sobre la verdadera eficiencia del ajuste propuesto por el Ejecutivo.

Más gasto en personal, pero con menos ministerios

El documento del Ministerio de Economía y Finanzas detalla que los gastos en personal incluyen sueldos, aportes a la seguridad social, fondos de reserva, décimos, encargos, subrogaciones, horas extras y otros beneficios laborales previstos por ley.

Pese a la reducción de 12 ministerios y la fusión de varias entidades en el marco del Plan de Eficiencia Administrativa 2025, los gastos en remuneraciones continúan siendo elevados.

El propio Gobierno había anunciado en julio de 2025 la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos y la reducción del número de ministerios de 20 a 14 y de secretarías de nueve a tres.

Sin embargo, esa promesa todavía no se refleja en la ejecución presupuestaria ni en la Proforma 2026.

Expertos advierten inconsistencias

Para Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral, el planteamiento del Ejecutivo “no refleja aún una verdadera reducción de la nómina”.

“Es un contrasentido plantear que habrá un crecimiento de la nómina y una reducción del gasto en personal”, señaló.

El analista sostiene que una política de eficiencia administrativa debe basarse en un análisis técnico profundo, que establezca con claridad qué áreas pueden optimizarse sin afectar la prestación de servicios al ciudadano.

“Si el Estado continúa incorporando nuevos funcionarios, el gasto en personal seguirá siendo elevado”, agregó.

El Gobierno: la eficiencia no implica reducción

Desde Carondelet, la lectura es distinta.

Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, explicó el 5 de noviembre que las desvinculaciones en la Función Ejecutiva “no responden a una lógica de achicamiento del Estado”.

“Esa no es la lógica ni lo que piensa el señor presidente. No creemos que la reducción sea sinónimo de eficiencia”, precisó Jaramillo, y añadió que el Presupuesto 2026 garantiza el pago de salarios con ingresos permanentes del Estado.

El escenario también se complica por la anulación de la Ley de Integridad Pública, que permitía despedir funcionarios sin sumario administrativo.

Sin esa herramienta, nuevas desvinculaciones masivas en el sector público quedan limitadas.

El peso de las Fuerzas Armadas y la seguridad

De acuerdo con la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), la reducción de plazas sí se ha dado en ciertas áreas, pero el Estado ha optado por reforzar el gasto militar.

Remigio Hurtado Chacón, presidente de la Conasep, aseguró que, aunque hubo un recorte de 5.000 plazas en la burocracia, el presupuesto para las Fuerzas Armadas aumentó en más de $300 millones, principalmente para cubrir horas extras y operativos de seguridad.

“Se dijo que a los servidores públicos nos subirían la remuneración en un 7 % en 2026, pero eso no consta en la Proforma”, indicó Hurtado.

La Proforma 2026 plantea un equilibrio complejo: reducir el gasto público sin afectar la operatividad del Estado.

El Gobierno asegura que el ajuste busca mantener la sostenibilidad fiscal, mientras analistas laborales y gremios consideran que el peso de la nómina pública sigue siendo un obstáculo estructural.

En total, el Presupuesto General del Estado 2026 contempla gastos corrientes por $23.482,20 millones, de los cuales casi la mitad se destinará a salarios y beneficios laborales.

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