El Bono Incentivo Emprende fue ideado por el Gobierno como una herramienta para activar la economía de los microemprendedores y contrarrestar los efectos adversos de la crisis productiva derivada del invierno y la desaceleración económica. Con un aporte único de 1.000 dólares, este programa busca fortalecer el capital de trabajo de pequeños productores, agricultores y comerciantes informales.

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Desde su lanzamiento, la demanda fue intensa, ocasionando que el portal oficial colapsara temporalmente. En la primera semana, se registraron más de 100.000 solicitudes, lo cual refleja tanto la necesidad latente como los retos operativos y de control asociados al programa.

Riesgos y desafíos institucionales

El economista Juan Manuel García advierte que, sin mecanismos de verificación claros, estas ayudas corren el riesgo de convertirse en transferencias sin retorno: “no hay ningún requisito que obligue a demostrar un efecto positivo en ventas u operación”, señala. Propone que los beneficiarios que no evidencien mejoras no puedan optar a futuras ayudas, para evitar el uso clientelar de los recursos.

Por su parte, Hernán Cevallos considera que el estímulo puede generar un efecto multiplicador si se integra con medidas de formalización, acceso al crédito y asistencia técnica. Sostiene que el mayor reto no está en el monto, sino en el seguimiento efectivo.

Para él, es esencial articular el bono con mecanismos como RIMPE (Régimen Simplificado para Emprendedores) y el Registro Nacional de Emprendedores, lo que permitiría mayor trazabilidad y movilidad hacia la economía formal.

Efectos esperados versus sostenibilidad fiscal

Las estimaciones preliminares sugieren que el bono inyectará cerca de 100 millones de dólares en los sectores más vulnerables, lo cual podría dinamizar el consumo interno y las ventas al por menor.

Sin embargo, en un contexto de déficit fiscal y restringida capacidad de financiamiento externo, la medida genera inquietudes acerca de su viabilidad en el mediano plazo.

García y Cevallos coinciden en que, para determinar si el programa es una política eficiente o simplemente un gasto sin retorno, debe articularse con indicadores claros de empleo, ventas y formalización. Solo con ese rigor podrá valorarse su verdadero impacto sobre la economía.

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