Tras más de tres semanas de movilización, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el paro en Imbabura llegó a su fin. En un mensaje emitido luego del encuentro con los dirigentes comunitarios, el funcionario señaló que “el diálogo siempre ha estado abierto” y que, con el compromiso de las partes, se abren las vías y se inicia un trabajo conjunto para restablecer el abastecimiento en la provincia.

El ministro Reimberg recalcó que el Gobierno nacional mantendrá mesas de coordinación con los representantes de los pueblos indígenas y campesinos de Imbabura para atender las principales demandas planteadas durante los 23 días de resistencia, que incluyeron el pedido de congelar el precio del diésel, la liberación de los detenidos y la investigación de los fallecimientos ocurridos durante las manifestaciones.

Desde la provincia de Imbabura, los dirigentes de los cinco pueblos indígenas ofrecieron un saludo “a todos los pueblos del país” y explicaron que la movilización surgió ante la necesidad de ser escuchados. “La eliminación del diésel golpea directamente nuestra vida diaria, nuestra economía, nuestros hogares”, manifestaron. Aclararon además que las protestas no fueron financiadas por ningún organismo externo, sino que se sostuvieron con el esfuerzo de las comunidades.

Entre los principales planteamientos, los líderes solicitaron la derogatoria del Decreto 126, que modifica el esquema de subsidios a los combustibles. Sin embargo, expresaron que, de no ser viable su eliminación, están dispuestos a discutir alternativas que permitan mantener un subsidio focalizado o congelar el precio del diésel, mientras se evalúan soluciones estructurales.

Los acuerdos a los que se llegó para finalizar el paro en Imbabura

En el diálogo se acordó que el Gobierno trasladará a Imbabura a los manifestantes detenidos, con el compromiso de revisar sus procesos judiciales y garantizar la asistencia médica a los heridos. Además, se insistió en que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de dos personas durante las jornadas de protesta y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Los dirigentes solicitaron también que se establezcan mesas técnicas para atender problemáticas estructurales en sus comunidades, como el mejoramiento de carreteras rurales, el acceso al agua, la salud y la educación, que calificaron como urgentes.

Por su parte, Martha Tuquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (Unorcac), agradeció a los líderes comunitarios que permanecieron en resistencia y exigió que se ofreciera una disculpa pública por las acusaciones que los señalaron como “secuestradores o terroristas”. También exigió justicia por la muerte de Efraín Fuérez y rechazó los actos de violencia ocurridos durante las protestas.

Otro dirigente confirmó que, tras el diálogo, las comunidades se retirarán a sus territorios y se mantendrán en asamblea permanente, vigilando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. “La lucha continúa, pero desde nuestros espacios, para que los compromisos se concreten y los heridos reciban atención”, sostuvo.

Con la reapertura de las vías y el cese de las manifestaciones, el Gobierno y las organizaciones locales abren una nueva etapa de diálogo en la provincia, marcada por la búsqueda de soluciones económicas y sociales que permitan estabilizar la situación en Imbabura.

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