Mientras los tribunales afinan audiencias y revisan expedientes, la familia de Dayana Pérez continúa intentando descifrar por qué, pese a todas las señales, el sistema no reaccionó a tiempo. Han transcurrido casi ocho meses desde que la joven de 29 años fue hallada sin vida dentro de un vehículo abandonado en Carcelén, al norte de Quito. Y aunque el caso estremeció a la capital, aún no existe una boleta de captura que permita detener al principal sospechoso: su pareja.

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Antes del femicidio, Dayana había solicitado protección. Un mes antes de su muerte recibió una boleta de auxilio tras denunciar que fue amenazada y atacada con un destornillador. Para su familia, aquello fue una llamada de alerta que nunca llegó a sus oídos.

“Si las autoridades nos hubieran avisado de esa boleta de auxilio, nosotros la hubiéramos protegido, pero nunca nos llamaron”, lamenta su hermana, María Fernanda Pérez. Asegura que “el protocolo en este tipo de casos es que deben poner en sobreaviso a la familia porque las chicas no están bien psicológicamente”.

La confesión que no detuvo a nadie

El 5 de abril del 2025, el cuerpo de Dayana apareció en un auto estacionado fuera del terminal de Carcelén. Con posterioridad se supo que el sospechoso habría recorrido la ciudad con el cadáver desde el sur antes de abandonarlo. El detalle más alarmante, sin embargo, fue que el propio acusado confesó lo ocurrido.

“Había dicho que se le pasó la mano y que él quería una familia, pero ella no quería lo mismo”, recordó María Fernanda. Incluso, antes de desaparecer, el sospechoso habría enviado un breve mensaje por Messenger: “Perdónenme”.

Pese a todo ello, no se emitió de inmediato una orden de arresto. La Fiscalía recabó más de 23 indicios y, tras un inicio confuso en el que el caso fue tratado como homicidio, se reclasificó como femicidio. Hoy, solo falta capturarlo para avanzar hacia la etapa de juicio.

Un fugitivo con ventaja

La demora en actuar tuvo consecuencias. El señalado, quien posee doble nacionalidad, habría abandonado Ecuador apenas días después del crimen. La familia sospecha que pudo dirigirse a Colombia o Venezuela. “Ellos dijeron que el último contacto que tuvieron con su hijo fue el día del crimen porque él fue a la casa. La mamá comentó que lo vio nervioso, pero supuestamente no sabía lo que había hecho”, relató María Fernanda.

Incluso los padres del sospechoso también dejaron el país. Y aunque Interpol emitió una notificación azul hace aproximadamente un mes, esta solo permite recopilar información adicional; no es una orden de arresto.

Detalles forenses y pruebas ignoradas

Durante la investigación, los peritos hallaron evidencia decisiva. La hermana de Dayana asegura que las autoridades encontraron las huellas dactilares del sospechoso marcadas en el cuello de la víctima. La autopsia determinó que murió por asfixia por estrangulamiento y presentaba un golpe en la cabeza y fractura nasal.

“Si se hubiera actuado a tiempo, quizá lo atrapaban junto al cadáver de mi hermana”, reclamó María Fernanda.

El camino judicial no ha sido menos complejo. El caso ha pasado por cambios de fiscal, retrasos y decisiones parciales. La Fiscalía, incluso, solicitó a la Defensoría Pública asignar un abogado para la defensa técnica del sospechoso, pese a que no ha sido ubicado.

Este jueves 11 de septiembre, según confirmó la familia, se realizará la audiencia de formulación de cargos contra el novio de la víctima. Pero la incertidumbre sigue siendo la misma: sin boleta de captura, no hay forma de detenerlo. “Mientras no se tenga esa boleta, no se puede hacer nada”, insiste María Fernanda.

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