Luego de 24 días de protestas sociales en el país, se instaló una mesa de dialogó entre autoridades gubernamentales y dirigentes indígenas, en Otavalo, provincia de Imbabura, la tarde del 15 de octubre.

Esta localidad se convirtió en el epicentro del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El detonante fue la eliminación del subsidio al diésel anunciada por el Gobierno Nacional.

Tras cuatro semanas de enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes se registraron tres fallecidos: José Guamán y Efraín Fueres, quienes habrían sido baleados, y Rosa Elena Paqui, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos.

Además han existido decenas de heridos de ambos ‘bandos’, con lesiones provocadas por diferentes objetos.

Bajo este contexto se instaló la mesa de diálogo en un hotel de Otavalo, en un ambiente de tensión. La delegación del Gobierno estuvo encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg. En las afueras, decenas de manifestantes aguardaban los resultados de la reunión y eran custodiados por un fuerte contingente militar.

Incertidumbre y dolor

La jornada de protestas del 14 de octubre en Otavalo fue intensa. Videos que circulan en redes sociales muestran la violencia con la que habrían actuado miembros de las fuerzas armadas y manifestantes.

Se difundieron imágenes de protestantes y militares con heridas expuestas, batallas campales con gases lacrimógenos y piedras, además de la detención de varios ciudadanos.

Según un extracto policial al que EXTRA tuvo acceso, hubo 44 aprehendidos por el delito de paralización de servicios públicos. En el informe se determina que los detenidos tenían presuntamente bombas molotov caseras, armas de fuego, guantes industriales, mascarillas con filtros, visores que impiden el ingreso de aire a los ojos, voladores, elementos contusos, entre otros.

Rafael Banda y Walter Parra, abogados de la mayoría de aprehendidos, afirmaron que la cifra se elevaría a más de 66, quienes habrían sido golpeados por militares y policías luego de su captura. De hecho, los mismos juristas indicaron que habrían sido agredidos por uniformados cuando trataron de representar a sus defendidos.

Banda denunció que las detenciones fueron ilegítimas porque los policías no habrían entregado los partes de la situación de los hechos y, por si fuera poco, sus representados no habían sido llevados al Centro de Detención Provisional, sino que permanecían en retenes policiales.

Por su parte, Parra aseguró que no han tenido contacto con todos los procesados y que cuando accedieron a uno de los sitios donde los retenían, vieron que algunos estaban en condiciones deplorables. “Uno había sido aprehendido cuando salió a comprar medicinas para su hijo con discapacidad”.

¿Los detenidos fueron liberados?

Los abogados también aseguraron que, hasta el cierre de esta nota digital, más de la mitad de los detenidos debían quedar en libertad porque se cumplieron las 24 horas de flagrancia y no fueron puestos a órdenes de una autoridad competente para que se los judicialice.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!