Las manifestaciones han tenido diversos momentos de violencia desde que se convocó a un paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel. Estas medidas de hecho las encabeza la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde hace ya 17 días.

Uno de los ataques más visibles y violentos ocurrió contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Cañar, durante este 7 de octubre. Las personas estaban en desacuerdo por su visita a El Tambo y arrojaron piedras a los carros oficiales, causando graves daños.

Ahora, los habitantes de Ibarra, capital de Imbabura, están en zozobra por las amenazas de dirigentes indígenas que este 8 de octubre ingresaron a la ciudad. Con megáfono en mano, advirtieron que si no colaboraban con la paralización, volverían para destrozar la urbe. 

En videos difundidos en redes sociales se observa a manifestantes recorriendo las calles principales mientras exigen el cierre de los comercios y la suspensión del tránsito vehicular. Los comerciantes denunciaron que fueron obligados a cerrar sus locales por temor a represalias, mientras que los moradores optaron por refugiarse en sus casas ante el temor de enfrentamientos.

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La abogada penalista Valeria Mena explicó que, aunque el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución, existen límites cuando las manifestaciones se tornan violentas o afectan derechos de terceros. “Puede establecerse responsabilidad administrativa o penal para conductas que alteren la paz social. La protesta no protege actos de sabotaje, destrucción de bienes públicos o privados, incitación a la violencia, paralización de servicios públicos ni resistencia a la autoridad”, detalló.

Recordó además que la Carta Magna garantiza derechos como la libertad de expresión, reunión y manifestación, pero estos no son absolutos. “Cuando se afecta el orden público o bienes jurídicos protegidos, el Estado tiene la facultad de intervenir y sancionar”, añadió Mena, aclarando que cada caso dependerá de las circunstancias, la prueba disponible y la interpretación judicial.

Las consecuencias legales en Ecuador durante una paralización

En Ecuador, la paralización de un servicio público está sancionada por el Código Orgánico Integral Penal (COIP). De acuerdo con el artículo correspondiente, quien interrumpa el funcionamiento de servicios esenciales, como el transporte, la salud o la educación, puede enfrentar penas de uno a tres años de prisión. A ello se suman sanciones administrativas y la obligación de pagar una reparación integral por los daños ocasionados.

El delito de ataque o resistencia, tipificado en el artículo 283 del COIP, sanciona a quien se opone con violencia o amenazas a un funcionario público en el cumplimiento de su deber. Este tipo de actos, comunes durante las manifestaciones recientes, puede acarrear penas de seis meses a dos años de prisión, que aumentan si el agresor utiliza armas o causa lesiones.

Asimismo, el artículo 204 del COIP establece sanciones para el delito de daño a bien ajeno. Quien destruya o inutilice un bien público o privado puede ser condenado de dos a seis meses de prisión, sin perjuicio de las responsabilidades civiles por reparación de los perjuicios causados.

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En los casos más graves, las conductas violentas pueden llegar a ser consideradas terrorismo. Según el artículo 366 del COIP, se configura este delito cuando una persona o grupo realiza actos destinados a infundir terror en la población, mediante amenazas o acciones violentas que pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas. La pena prevista es de 19 a 22 años de prisión. El artículo 367 amplía la sanción a quienes financien o apoyen este tipo de actividades.

Mientras tanto, el país se mantiene en un clima de tensión. Las protestas continúan en varias provincias y el Gobierno ha insistido en que no dará marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios. Organizaciones sociales, sectores productivos y defensores de derechos humanos piden que se restablezca el diálogo para evitar una escalada mayor de violencia que pueda derivar en una crisis institucional y social de gran magnitud.

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