El Caso Cazador fue una operación de Fiscalía General del Estado (FGE) para desarticular una red criminal liderada por Los Lobos, la cual operaba en cuatro provincias, y que estaría vinculada en al menos cinco eventos delictivos, entre ellos el asesinato de Fernando Villavicencio.

También fueron señalados en otros hechos delictivos como ataques terroristas en Esmeraldas, robos de vehículos, lavado de dinero, secuestro, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, entre otros. Hubo 10 personas detenidas, entre ellos cuatro personas privadas de su libertad en La Roca, Guayaquil, señalados como comandantes de la red de Los Lobos.

“Fiscalía les formuló cargos como presuntos líderes de la organización, mientras que a los seis restantes se los procesó en calidad de colaboradores, encargados de ejecutar órdenes, proporcionar transporte y brindar seguridad”, informó la FGE.

En la diligencia, se presentaron cerca de 30 elementos de convicción, entre ellos informes periciales, seguimientos y vigilancias, interceptaciones telefónicas e indicios recabados en los allanamientos, por lo que se dispuso 90 días para la instrucción fiscal.

Entre esas interceptaciones telefónicas estuvo la del propietario de un cabaret del norte de Quito, quien le aseguró a un hombre que en su local venden droga miembros de Los Lobos. Entre él y los criminales hay un supuesto pacto.

Los cabarets son el nuevo espacio de poder de Los Lobos

El presunto acuerdo es que el dueño no tenía problemas con esta agrupación terrorista que se apoderó del centro para comerciar estupefacientes. Por como lo contó, daba la apariencia que Los Lobos pedían permiso para estar dentro del negocio, lo cual dista por mucho de la realidad.

Para Kléber Carrión, analista en seguridad, estos sitios son espacios de poder que están coptando los grupos de delincuencia organizada. “Esto pone en evidencia que las mafias y sus conductas se incrustan en absolutamente todo: cabarets, en el fútbol, en temas de migración, de tránsito y muchísimo más y no solo en el aspecto del narcotráfico”.

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Y el objetivo es claro. Ellos quieren tener la hegemonía de los lugares que produzcan dinero, así de simple, especifica Carrión. “Lo que se debe hacer es que la Policía se centre ahora en estos nuevos espacios para desarticular la organización que ha infestado este tipo de puntos”.

Arturo Torres, periodista investigador y también analista en temas de seguridad, explica que también se debería indagar el papel que juegan las intendencias y lo municipios. Esto a razón de que son las instituciones que están a cargo de otorgar permisos y controlar su funcionamiento.

“Es sabido que se convirtió en una dinámica (apoderarse de los cabarets), no solo en Quito, sino en todo el país, especialmente en sitios de diversión de la costa”, explica Torres.

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