La audiencia de juicio por presunto delito de lesa humanidad contra seis exoficiales del Ejército empezó este miércoles 5 de noviembre de 2025 en la Corte Nacional de Justicia.

Durante el alegato de apertura, la Fiscalía General del Estado aseguró que los hechos registrados en 1985 responden a una estructura estatal sistemática y a una política de Estado orientada al combate del “enemigo interno”.

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Según el expediente, las víctimas, Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Jarrín Sánchez, militantes del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), fueron detenidas por personal militar sin orden judicial el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas. 

Posteriormente fueron trasladadas a instalaciones militares y policiales en Quito, entre ellas el Batallón Escuela de Ingenieros N.º 1 “Montúfar” y el Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM) de Conocoto.

Detenciones y torturas

Durante su intervención, la Fiscalía describió que las víctimas permanecieron retenidas clandestinamente, sin supervisión judicial, y fueron sometidas a interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas.

En el caso de Luis Vaca, la detención se extendió durante aproximadamente dos años, fuera de toda protección judicial, hasta su liberación en Ibarra.

El Ministerio Público indicó que las acciones fueron coordinadas por distintos niveles de mando dentro del sistema de inteligencia militar, incluyendo a personal médico, que habría participado en los interrogatorios y en la aplicación de sustancias con fines coercitivos.

Los procesados

Según la Fiscalía, la responsabilidad de los procesados abarca distintos niveles dentro de la cadena de mando militar: desde la custodia clandestina y el sometimiento a torturas, hasta la dirección operativa y política del sistema de inteligencia.

La institución recordó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no admiten amnistía ni exclusión de responsabilidad, y obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar.

El contexto

Los hechos ocurrieron durante el gobierno de León Febres-Cordero (1984–1988), en un periodo en el que el Estado ecuatoriano adoptó doctrinas de seguridad inspiradas en modelos regionales de represión aplicados en América Latina entre las décadas de 1970 y 1980.

Estas políticas, según la Fiscalía, legitimaron estructuras especializadas de inteligencia, operaciones encubiertas, detenciones clandestinas y técnicas de interrogatorio coercitivo contra personas identificadas como disidentes políticos, estudiantiles o sindicales.

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