Traslado de José Arroyo, alcalde de Pujilí, genera críticas de colectivos LGBTI+

El traslado del alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, a la cárcel de máxima seguridad La Roca reaviva la polémica por su cambio de sexo registral. Organizaciones LGBTI+ denuncian una presunta instrumentalización de la ley para obtener beneficios en el sistema penitenciario de Ecuador.

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Una imagen bastó. El ministro John Reimberg difundió el traslado a La Roca: calabozos, uniformes naranjas, y miradas cabizbajas. Entre las figuras, José Alcides Arroyo Cabrera avanzaba sin zapatos, pero con la mirada fija. Para él no era solo un traslado; era el regreso de una controversia que nunca terminó de cerrarse.

Este lunes 8 de abril, la publicación oficializó el traslado de mujeres privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad a la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. “Bienvenidas a La Roca”, escribió el funcionario al compartir los rostros tras las celdas, entre ellos el de Arroyo, alcalde de Pujilí.

Su presencia no solo responde al proceso judicial que enfrenta por presunto peculado en el ‘Caso Ornato Municipal’, también revivió la discusión por su cambio de sexo en el Registro Civil y su reclusión en un centro femenino tras su detención en agosto de 2025.

El reclamo de los colectivos LGBTI+

Horas después, las organizaciones como Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI+ y Resistencia Rosa difundieron un comunicado en el que cuestionaron el caso. “Volvemos a denunciar”, advierten, al sostener que existe una instrumentalización de los derechos de las personas trans.

Alegan que este primer edil modificó el campo de sexo en su cédula de identidad a mujer, sin cambiar sus nombres, “sin evidencia alguna de identidad de género trans, y sin haber declarado jamás ser una persona trans”.

El documento recuerda que el cambio de sexo de Arroyo fue avalado por el Registro Civil de Ecuador. “Se registró de conformidad a la normativa legal vigente”, les habría respondido esa entidad.

Para las organizaciones, “el problema no es la ilegalidad, es el sistema”. Según el pronunciamiento, la normativa actual permite que personas que no se identifican como trans accedan a este recurso legal.

En contraste, denuncian que las personas trans enfrentan obstáculos constantes al tratar de realizar estos cambios en la entidad mencionada. “Ellos esperan meses. Un alcalde investigado lo hizo en días”, recalcan.

“Esto no es identidad de género. Esto es instrumentalización de una ley de derechos humanos”, enfatizan, y sostienen que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que ya ha sido denunciado en años anteriores, donde -afirman- se ha recurrido al cambio registral por beneficios legales o personales.

Frente a esto, plantean tres exigencias: que el Registro Civil garantice procesos equitativos, que la Defensoría del Pueblo investigue posibles irregularidades y que la Corte Constitucional emita criterios que refuercen la protección de la identidad trans.

La justificación de los abogados de José Arroyo

La defensa del principal funcionario de Pujilí centró sus argumentos en su condición de género y en antecedentes personales. Durante la audiencia del pasado 9 de agosto, sus abogados señalaron que fue víctima de abuso cuando era menor de edad, elemento que -según sostuvieron- debía ser considerado para garantizar su seguridad dentro del sistema penitenciario.

Así, solicitaron que cumpla la prisión preventiva en un centro femenino, petición que fue aceptada por el juez.

En una publicación anterior de EXTRA, específicamente del 10 de agosto de 2025, la abogada Lissette Pardo Jijón explicó que en Ecuador no existe una norma clara que determine a qué centro debe ser enviada una persona cuya identidad de género difiere de su sexo biológico.

Añadió que, si el cambio de sexo ocurrió en medio de una investigación penal, podría analizarse una eventual búsqueda de beneficios penitenciarios.