Este lunes 24 de noviembre se desarrolló el décimo día de audiencia de juzgamiento por el caso Los Cuatro de Las Malvinas, proceso en el que 17 militares son investigados por la desaparición y muerte de cuatro menores cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en Taura, provincia del Guayas. Durante la jornada, un perito presentó dos informes clave para la acusación: una reconstrucción de los hechos y el análisis técnico de los teléfonos celulares de los procesados.

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El perito detalló que en la reconstrucción participaron 16 de los militares acusados, con excepción del coronel Juan Francisco Iglesias, quien fue vinculado posteriormente por no entregar información. Señaló que la diligencia permitió establecer la dinámica del operativo militar: desde el momento en que los jóvenes fueron aislados en la avenida 25 de Julio, el paso por el peaje de Durán y el posterior desplazamiento hacia Taura. Según indicó, en la primera reconstrucción los procesados omitieron cualquier referencia a actos de violencia y aseguraron únicamente que los menores fueron dejados en libertad.

Un chat para unificar versiones

El perito expuso también información extraída de los 16 teléfonos analizados, donde se identificó un grupo de mensajería llamado “Asesoría Jurídica Militar”. La extracción de datos se realizó mediante el software EnSaf y se centró en mensajes enviados desde el 8 de diciembre de 2024 en adelante, posteriores a la detención de los adolescentes.

En ese chat, los procesados mantuvieron conversaciones durante varios días sobre estrategias de defensa y la preparación de una versión común de lo ocurrido. Dos mensajes fueron señalados como especialmente relevantes:

Un usuario identificado como “AND” escribió a una subteniente: “Nadie ha dicho, mi subteniente, que usted disparó”.

Otro perfil, identificado con dos asteriscos, consultó a un abogado si había llegado bien, advirtiendo que “el tema de Taura es bien conflictivo”.

Estos mensajes, según el perito, evidencian que los militares buscaban alinear testimonios y minimizar cualquier indicio de violencia o irregularidades durante el operativo.

Los abogados de los procesados estuvieron presentes durante la audiencia. La acusación particular se allanó a los medios de prueba presentados por la Fiscalía, sin incorporar nuevos elementos. Con ello, la etapa pericial queda prácticamente agotada y corresponde ahora a la defensa presentar a sus testigos —presenciales u honorarios— y las pericias que consideren pertinentes.

Procesados buscan cooperación eficaz

El fiscal Christian Fared, a cargo del caso, explicó que en esta fase procesal los militares no rinden “versiones”, sino “testimonios”. Cinco de los procesados han solicitado cooperación eficaz y ya firmaron acuerdos reservados con Fiscalía y Policía Nacional.

La viabilidad de estos acuerdos depende de que la información aportada sea verificable, comprobable y sustancial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Una vez rindan su testimonio en audiencia, Fiscalía evaluará si procede aceptar su colaboración.

El caso que conmocionó al país

El 8 de diciembre de 2024, los adolescentes Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron subidos a patrullas militares en los alrededores de un centro comercial en el sur de Guayaquil. Según la investigación, los jóvenes habrían sido trasladados hasta una zona desolada de Taura, donde presuntamente fueron abandonados.

El 24 de diciembre, sus cuerpos fueron encontrados calcinados y mutilados en un manglar de difícil acceso, al que solo se podía acceder por vía fluvial. Seis días después, el 31 de diciembre, las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a los cuatro menores desaparecidos.

De los 17 militares procesados, 11 permanecen recluidos en la cárcel de Latacunga y cinco en el centro penitenciario de Quito. El coronel Iglesias, quien cumple medidas alternativas como la prohibición de salida del país, participa en la audiencia de forma telemática desde la oficina de su abogado.

Según la Fiscalía, Iglesias no participó directamente en el operativo, pero habría tenido conocimiento posterior de los hechos y ordenado un procedimiento irregular sin autorización fiscal ni coordinación con la Policía Nacional.

Las posibles penas

Los 17 militares enfrentan cargos por desaparición forzada con resultado de muerte. El Código Orgánico Integral Penal establece una pena de hasta 26 años de prisión, pero con agravantes —como el número de víctimas y su condición de menores de edad— la sentencia podría llegar hasta 36 años.

La audiencia de juzgamiento, instalada el 5 de noviembre de 2025 en Guayaquil, continuará en los próximos días con la fase testimonial de la defensa.

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