El Gobierno federal de Estados Unidos cerró sus operaciones a medianoche del martes 30 de septiembre luego de que el Congreso no lograra un acuerdo sobre el financiamiento público. Republicanos y demócratas se encuentran en un estancamiento, principalmente por desacuerdos sobre el aumento de los subsidios de Obamacare, mientras los líderes de ambos partidos evitan asumir la responsabilidad del bloqueo.

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Este cierre genera incertidumbre sobre la duración del mismo, ya que es el primero desde 2019 y significa que gran parte del aparato estatal se paraliza hasta que se apruebe un nuevo paquete presupuestario. La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca ordenó a las agencias preparar planes de contingencia que incluyan posibles despidos masivos.

Qué es un cierre del Gobierno y cómo ocurre

El denominado cierre del Gobierno se produce cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para mantener en funcionamiento a las agencias federales. Esta situación obliga a detener temporalmente buena parte de las actividades del Estado hasta que se alcance un consenso legislativo.

En el marco de un cierre gubernamental, numerosos empleados federales son puestos en licencia sin goce de sueldo, proceso conocido como furlough, y otros continúan trabajando sin percibir remuneración hasta que el Congreso apruebe el financiamiento. 

Cada dependencia debe elaborar planes de contingencia que definan los servicios que permanecerán activos, los que se detendrán y el personal que continuará laborando para asegurar la protección y la operación de funciones críticas.

Impacto en los servicios y empleados

Las consecuencias de un cierre federal superan el ámbito de los trabajadores públicos. Históricamente, se han cerrado museos y parques, suspendido inspecciones de alimentos, aplazado audiencias migratorias y demorado préstamos federales. Asimismo, funciones vitales como el control aéreo pueden verse afectadas debido a la escasez de personal disponible.

Ante un cierre, los servicios críticos suelen mantenerse en funcionamiento, como la defensa, la seguridad nacional y la respuesta a emergencias. Un ejemplo es la Administración del Seguro Social, que en cierres anteriores aseguró el pago de beneficios, pero detuvo trámites administrativos secundarios.

Un fenómeno recurrente en Estados Unidos

Cada año fiscal, que inicia en octubre, el Congreso debe aprobar el presupuesto federal. La ausencia de acuerdos entre republicanos y demócratas ha ocasionado bloqueos recurrentes. En casi cinco décadas se han producido 21 cierres parciales, pero solo cuatro tuvieron efectos prolongados, con más de un día laboral de interrupción.

Cuando los cierres del Gobierno se prolongan, las consecuencias para la economía son notorias: pagos demorados, servicios suspendidos y una caída en la productividad nacional. El episodio más largo se registró entre 2018 y 2019, con una duración de 35 días y un costo millonario en el PIB.

Consecuencias económicas y sociales

El cierre actual afecta directamente a cientos de miles de empleados federales. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), cerca de 750.000 trabajadores podrían verse suspendidos, con un costo diario aproximado de 400 millones de dólares en salarios. 

Sectores como el Departamento de Defensa, Agricultura e Interior figuran entre los más afectados.

Además, el impacto económico se refleja en Wall Street, donde los principales índices abrieron a la baja. Cada semana de cierre puede reducir el crecimiento del PIB estadounidense, afectando no solo a empleados federales sino a toda la economía.

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