El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han elevado la vigilancia digital a una prioridad operacional, convirtiendo las redes sociales y la data de ubicación de los teléfonos móviles en herramientas clave para la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos. Este no es un rumor; es una política gubernamental formalmente documentada y en plena expansión.

Para la comunidad latina en EE. UU., esta estrategia implica que la vida digital ya no está separada de la realidad migratoria. El DHS ha institucionalizado el proceso de recolección de información personal identificable (PII) mediante Evaluaciones de Impacto de Privacidad (PIA), como la DHS/ICE/PIA-064, que aborda específicamente el "Uso Operacional de Información Disponible Públicamente Incluyendo Redes Sociales". 

Sin embargo, esta recolección masiva opera con una salvaguarda legal limitada: la Ley de Privacidad de 1974 otorga derechos estatutarios de privacidad solo a ciudadanos estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (LPRs).

Esta limitación legal permite a las autoridades justificar la adquisición de vastos conjuntos de datos de personas que aún no tienen un estatus migratorio seguro. El resultado es que la privacidad digital se convierte en un derecho condicional, estrechamente ligado al estatus migratorio, dejando a los no ciudadanos en una posición de vulnerabilidad intrínseca. 

La continua inversión en centros de vigilancia, como el National Criminal Analysis and Targeting Center, sugiere que ICE ha pasado de la investigación de objetivos individuales específicos a la recolección y archivo de datos de toda la población migrante, tratando cada perfil social como un archivo de inteligencia potencial.

La caza digital: herramientas de rastreo masivo usadas por ICE

ICE está invirtiendo millones de dólares de los contribuyentes en tecnologías de vigilancia de amplio espectro, diseñadas para automatizar la identificación, el perfilado y el rastreo de inmigrantes. Dos herramientas destacan en este esfuerzo de "caza digital".

La primera es SocialNet, utilizada para la extracción de contenido de plataformas públicas. ICE ha gastado aproximadamente $900.000 desde 2020 en contratos para esta herramienta, que recopila y analiza información de redes sociales, construyendo perfiles detallados de comunicaciones y asociaciones.

La segunda y más invasiva es el software Babel Street’s Locate X, en el que ICE ha invertido cerca de $2,5 millones. Esta herramienta no extrae datos directamente de las redes sociales, sino que utiliza datos de ubicación comprados a intermediarios o corredores de datos (data brokers). Estos datos provienen de aplicaciones comunes (como apps del clima o juegos) que los usuarios instalan en sus teléfonos y que venden su información de localización a terceros. 

Mediante Locate X, ICE puede rastrear patrones de movimiento de teléfonos celulares específicos, determinando su paradero antes de cruzar la frontera y dónde viajan después, permitiendo el rastreo geográfico constante. Las capacidades de Babel Street incluyen "Agentic AI" y "Precise Identity Matching", lo que significa que el sistema puede resolver identidades y aliases a través de múltiples idiomas y bases de datos.

Organizaciones como el Electronic Privacy Information Center (EPIC) y la ACLU han cuestionado la legalidad de este método, argumentando que la compra masiva de datos de ubicación elude efectivamente los requisitos de órdenes judiciales de la Cuarta Enmienda de la Constitución. 

Este método convierte a las aplicaciones cotidianas en intermediarios involuntarios de la vigilancia, lo que traslada la mayor amenaza para la seguridad digital del migrante no a la intrusión física en el teléfono, sino a la generación de datos vendibles.

Del 'Me Gusta' a la deportación: Los riesgos de la huella digital

La evidencia digital se ha convertido en una prueba incriminatoria en los procesos migratorios y en las operaciones de detención. El uso de la geolocalización es especialmente peligroso. Un caso citado en 2018 mostró que ICE arrestó a un hombre por reingreso ilegal tras haber sido deportado, basándose en una publicación de Facebook donde se había etiquetado en un Home Depot en el sur de California, confirmando su ubicación y presencia no autorizada.

Además del riesgo de localización, el contenido publicado afecta directamente los trámites con USCIS. La agencia migratoria utiliza la actividad en redes sociales para evaluar la "admisibilidad" y el "carácter moral" de los solicitantes. 

Publicaciones que contengan inconsistencias con la solicitud (como declarar información de trabajo o estado civil errónea), o aquellas que incluyan opiniones polémicas o apoyo a ciertas ideologías, pueden ser consideradas factores negativos en el análisis discrecional. 

Por ejemplo, el DHS ha establecido que el endoso de contenido extremista o antisemita en redes sociales es un motivo para negar beneficios migratorios. Existen también reportes que indican que ICE 

busca identificar y vigilar a quienes critican a la agencia en redes sociales

Este nivel de escrutinio ha generado un profundo "efecto paralizador" (chilling effect) en la comunidad, lo que resulta en la autocensura. Las personas se abstienen de ejercer su libertad de expresión (conducta que, en principio, estaría protegida por la Primera Enmienda) por temor a que las autoridades migratorias penalicen su discurso o lo interpreten subjetivamente como una falta de "buen carácter moral".

Su escudo digital: Pasos esenciales para proteger su privacidad y derechos

La defensa más efectiva contra la vigilancia de ICE es la contención de información. Puesto que la geolocalización es la herramienta de rastreo más utilizada, la acción preventiva más crítica es desactivar el GPS y los servicios de ubicación en todos los dispositivos, así como en las configuraciones específicas de aplicaciones (como cámaras o plataformas sociales). Esta medida minimiza drásticamente la capacidad de ICE para comprar y utilizar datos de ubicación masivos a través de herramientas como Locate X.

Se recomienda mantener una configuración de privacidad rigurosa, limitando quién puede ver el contenido publicado a un círculo muy reducido y de confianza. Es fundamental rechazar solicitudes de amistad de desconocidos y ser meticuloso con la consistencia y el profesionalismo del perfil, especialmente si está en medio de un proceso migratorio. Cualquier incongruencia digital puede ser usada para cuestionar la credibilidad de la solicitud.

En caso de un encuentro con oficiales de ICE, recuerde que todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales. El derecho a permanecer en silencio es el escudo legal más fuerte. La frase crucial que debe invocar inmediatamente es: "I am exercising my right to remain silent". Evite mentir o proporcionar documentos falsos, ya que todo lo que diga puede ser usado en su contra en un proceso de deportación.

Para quienes viajan a través de la frontera, se aconseja limitar la cantidad de información sensible almacenada en dispositivos electrónicos, ya que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene la autoridad para inspeccionar y potencialmente confiscar teléfonos y computadoras. Utilizar contraseñas seguras, autenticación de dos factores o, si es posible, viajar con un dispositivo temporal o "limpio", puede mitigar el riesgo de incautación de datos personales.

Dada la complejidad del panorama de vigilancia digital, el paso más importante para protegerse es buscar asesoría legal de un abogado de inmigración o un representante acreditado por el Departamento de Justicia para evaluar su riesgo digital personal y revisar la consistencia de su historial en línea con su caso migratorio.

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