El domingo 16 de noviembre de 2025, el pueblo ecuatoriano acudirá a las urnas para pronunciarse sobre cuatro preguntas, divididas en tres de referéndum y una de consulta popular. Una de las propuestas más significativas para la reconfiguración del sistema político y el manejo de los recursos públicos se encuentra en el casillero B de la papeleta, impulsada mediante el Decreto Ejecutivo No. 149.

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Este segmento de la consulta popular corresponde a la segunda pregunta del referéndum, y está enfocada en reformar parcialmente la Constitución de la República del Ecuador. La ciudadanía deberá decidir si está de acuerdo o no con modificar el sistema de financiamiento de los partidos y movimientos políticos en el país.

La pregunta formulada a los electores es directa y busca una reforma constitucional que impactaría el Presupuesto General del Estado: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

La propuesta del Ejecutivo, encabezada por el presidente Daniel Noboa, apunta a terminar con la provisión de recursos públicos a estas organizaciones. Un voto por el "Sí" en este casillero eliminaría la asignación de fondos del Estado, mientras que un voto por el "No" mantendría la obligación actual, que está sujeta al control y a los requisitos establecidos por la ley.

¿Qué implica la reforma al artículo 110 de la Constitución?

Para entender el alcance de la propuesta, es fundamental revisar el anexo del Decreto Ejecutivo No. 149, que detalla la modificación constitucional. Actualmente, el artículo 110 de la Constitución dispone que los partidos políticos, además de financiarse con los aportes de sus afiliados y simpatizantes, "recibirán asignaciones del Estado sujetas a control".

El anexo propone la sustitución total de este artículo, eliminando la posibilidad de recibir fondos estatales. El nuevo texto propuesto para el artículo 110 quedaría redactado de la siguiente manera:

• "Art. 110.- Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes."
• "El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos."

De aprobarse esta reforma (voto por el "Sí"), el financiamiento de los partidos y movimientos políticos en Ecuador provendría exclusivamente de sus miembros y simpatizantes, sin utilizar recursos del Presupuesto General del Estado.

La postura presidencial, la principal defensora del "Sí", se ha centrado en la supuesta ineficiencia y el dispendio de esta práctica. El presidente Daniel Noboa ha criticado que el financiamiento público incentiva la aparición de múltiples organizaciones políticas que no tienen un verdadero respaldo electoral.

A inicios de 2025, el mandatario fue enfático en su crítica al sistema actual, argumentando que promueve una saturación de candidaturas. "Al final del día, ¿qué promueve esto? Promueve que haya una elección con 16 candidatos presidenciales, de los cuales 12 no sacaron ni siquiera el 1 % (de votos). Pero aún así recibieron dinero del Estado".

La finalidad del Ejecutivo con esta pregunta es reorientar esos fondos hacia áreas consideradas como prioritarias, como la salud, la educación y la seguridad, y al mismo tiempo, impulsar un sistema político más responsable y menos dependiente de los recursos fiscales. Si la ciudadanía vota "Sí", la reforma entraría en vigor, cambiando radicalmente la forma en que los partidos políticos se sostienen financieramente en el país.

¿Qué dice la oposición para votar por el No?

Votar por el No en la pregunta sobre la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas se basa principalmente en el argumento de que este financiamiento es un pilar esencial para la democracia equitativa. Los opositores a la propuesta del presidente Noboa sostienen que el dinero público garantiza que la política no quede exclusivamente en manos de los grupos económicamente pudientes o figuras multimillonarias. 

Argumentan que, si se suprime el financiamiento estatal, se incrementaría la desigualdad electoral y se abriría la puerta a una mayor infiltración de fondos privados, incluso ilícitos, en las campañas y en la vida interna de los partidos, debilitando la transparencia y la fiscalización del sistema. 

En lugar de eliminar los fondos, quienes promueven el "No" proponen fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y fiscalización sobre el uso de esos recursos para asegurar su transparencia y efectividad. Además, señalan que la ausencia de financiamiento público podría debilitar la capacidad de los partidos para incluir mujeres, jóvenes y grupos históricamente excluidos.

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