Tras 18 días de protestas indígenas focalizadas, Ecuador vive una pausa incierta justo cuando inicia un feriado de cuatro días. Lejos de convertirse en un paro generalizado que paralice el país, las movilizaciones ordenadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se mantienen concentradas en unas seis de las 24 provincias, con Imbabura como epicentro de la tensión: bloqueos que han dejado a la provincia parcialmente incomunicada y problemas de abastecimiento en varias localidades.

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El origen de la protesta fue la eliminación del subsidio al diésel, pero con el paso de los días la Conaie amplió sus exigencias: solicita la reducción del IVA del 15 % al 12 % y mejoras concretas en salud y educación; además, se sumó al rechazo a la consulta popular prevista para el 16 de noviembre sobre la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente. 

Otro punto central del conflicto es la petición de la organización indígena por la liberación de doce personas procesadas por "terrorismo" tras un ataque a una estación de policía en Otavalo, donde se quemaron diez vehículos.

El pulso con el Gobierno se ha endurecido: el Ejecutivo tildó la protesta de "política" y denunció que la caravana presidencial fue atacada con piedras en la provincia del Cañar, lo que motivó una denuncia por presunto intento de asesinato contra el jefe de Estado. Cinco detenidos en ese episodio fueron liberados al día siguiente, tras considerarse ilegal su detención. 

En el balance de las protestas figuran, hasta ahora, un indígena fallecido, varios heridos entre policías y manifestantes y más de cien personas detenidas.

¿Por qué no logra convertirse en paro nacional?

Varios factores explican por qué las protestas no han prendido a nivel nacional. Consultado por EFE, analista económico Alberto Acosta-Burneo subraya que, a diferencia de 2019 y 2022 —cuando las movilizaciones se extendieron 11 y 18 días y consiguieron revertir intentos de eliminar subsidios—, en esta ocasión las protestas están "focalizadas" y no han paralizado la producción petrolera, la minera ni las actividades de agroexportación. El impacto, en su opinión, es especialmente "devastador" para Imbabura, pero mucho más limitado en el resto del país.

Acosta-Burneo advierte además un problema estratégico en la movilización: ve un "error de cálculo" de la Conaie al haber entrado al paro "sola (sin los transportistas) y, además, dividida internamente". Esa falta de adhesión de actores clave —en particular de los transportistas— y la división interna reducen la capacidad de contagio de las protestas y evitan que el malestar ancestral se convierta en un bloqueo nacional.

¿Qué salidas proponen los analistas?

Para expertos, la vía práctica pasa por diversificar interlocutores y focalizar las medidas compensatorias. Acosta-Burneo sugiere negociar las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel de modo que "éstas lleguen directamente a las comunidades". 

Por su parte, el analista político César Barthelotti plantea que una estrategia gubernamental plausible sería abrir mesas con otros actores del movimiento y no solo con las "cabezas de la Conaie": "el Gobierno hable con otros actores que no sean las cabezas de la Conaie y vaya desarticulando los paros focalizados", afirmó, también a EFE.

Mientras tanto, en Ibarra y otras localidades de Imbabura resuena el grito de protesta —al grito de "Fuera Noboa"— y también el de ciudadanos que han salido a defender su derecho a trabajar. La combinación de reclamos locales muy intensos y la ausencia de una coordinación amplia explica por qué, pese a 18 días de conflicto, el paro nacional no ha logrado prender a escala nacional.

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