Una presunta estructura criminal habría operado mediante extorsiones, atentados armados, tráfico de drogas y acopio de armas, en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Esta situación condujo a una investigación que derivó en el procesamiento de siete personas por presunta delincuencia organizada, entre ellas una funcionaria de la Fiscalía señalada en el expediente como posible colaboradora del líder del grupo, quien sería un cabecilla de Los Lobos.

Las indagaciones habrían arrancado tras un caso de junio de 2024, cuando agentes de la Policía Judicial reportaron el ingreso de hombres armados a la Agencia de Tránsito de Babahoyo, donde se habría intimidado a funcionarios. Ese hecho permitió identificar a un grupo que, de acuerdo con los investigadores, actuaba de manera coordinada, con reparto de funciones, uso de seudónimos, terminales móviles y domicilios destinados al acopio de objetos ilícitos.

(Te invitamos a leer: Misteriosa muerte de niña en escuela de Milagro: ¿Qué pasó en tan pocos minutos?)

Con esos antecedentes, el caso se abrió inicialmente por extorsión, pero fue derivado luego a las unidades especializadas contra delincuencia organizada, al advertirse, de acuerdo con datos de la Fiscalía, que no se trataba de hechos aislados. La causa terminó radicada en Quito y fue presentada ante la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, donde se expuso una línea de tiempo con cuatro eventos que habrían ocurrido entre junio y agosto de 2024.

El primer evento presuntamente vinculado a la banda

El primer evento se centró en la presunta extorsión a una empresa de internet. La Fiscalía sostuvo que se exigieron pagos a cambio de no atentar contra trabajadores y locales, y que, ante la negativa, se registraron ataques armados contra las instalaciones. En estos hechos, el acta ubica a uno de los líderes del grupo y a otro que sería parte de la ejecución directa de las amenazas y cobros.

El segundo hecho que estaría vinculado a la estructura

El segundo evento se relacionó con una extorsión similar contra una empresa en la parroquia El Salto. En esta parte del relato fiscal, se indicó que los mensajes intimidatorios se enviaban por WhatsApp y que, incluso, el presunto cabecilla continuaba coordinando las exigencias desde un centro de privación de libertad, apoyado en reportes de correspondencia telefónica y versiones de las víctimas.

El tercer suceso relacionado con la presunta agrupación

El tercer evento abordó la aprehensión de un individuo, también señalado como líder, por un presunto caso de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y tenencia de armas. Las interceptaciones telefónicas, según la exposición fiscal, revelaron conversaciones sobre venta, traslado y almacenamiento de droga, así como el uso de inmuebles que funcionaban como bodegas.

El cuarto hecho atribuido a esta estructura

El cuarto evento se refirió a allanamientos ejecutados en Babahoyo, donde se hallaron municiones, explosivos, una granada, radios de comunicación, chalecos con identificación policial y material con simbología asociada al grupo. En uno de esos inmuebles, consta en el acta, se encontró la matrícula de una motocicleta registrada a nombre de la funcionaria, lo que fue incorporado como indicio dentro del proceso.

El presunto rol de la funcionaria de la Fiscalía

Sobre la funcionaria de la Fiscalía, la investigación atribuye un rol distinto al operativo armado. La Fiscalía afirmó que existen audios y registros de interceptaciones en los que aparece identificada con seudónimos y manteniendo conversaciones de asesoramiento jurídico con el principal cabecilla del grupo, con el objetivo, según la imputación, de ayudar a evadir controles policiales y reducir riesgos de vinculación penal. La defensa cuestionó ese señalamiento y negó que se haya probado la pertenencia del número telefónico mencionado.

(Además: Milagro | Tras visitar un night club fue atacado a tiros: ¿Un detenido era el dueño?)

Tras escuchar a las partes, el juez declaró legal la detención, dio inicio a la instrucción fiscal por delincuencia organizada y dictó prisión preventiva contra los siete procesados. Además, ordenó la retención de cuentas hasta por mil salarios básicos unificados y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.

El patrimonio de la funcionaria de la Fiscalía investigada

En paralelo, un documento público de la Contraloría General del Estado sobre la declaración patrimonial registra que la funcionaria reportó activos por $8.777,09, pasivos por $23.501,59 y un patrimonio negativo de –14.724,50 dólares, información que forma parte del contexto del caso y que consta en los registros oficiales de acceso público.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!