La presentación de una obra drag dentro de una capilla patrimonial administrada por la Fundación Museos de la Ciudad abrió un debate inesperado en Quito: ¿quién autorizó el uso del espacio?, ¿qué rol tuvo la administración municipal?

El caso estalló el fin de semana y alcanzó el Concejo Metropolitano, donde el alcalde Pabel Muñoz explicó públicamente su posición frente a uno de los temas más sensibles del año.

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Muñoz se desmarca y ofrece disculpas públicas

En una intervención directa, Muñoz aseguró que no conocía la programación del museo donde se montó la obra y que tampoco está al tanto de todas las actividades que gestionan los teatros y bibliotecas municipales.

“Es evidente que no conozco toda la programación de los museos, ni todas las obras de los teatros que maneja Quito, ni todos los libros de las bibliotecas. Por lo tanto, no soy responsable de lo sucedido este fin de semana”, dijo.

“No tengo ningún empacho en pedir disculpas públicas por las molestias que se han generado en el ambiente católico”.

La obra, realizada sobre un altar y en un espacio originalmente religioso, generó críticas desde colectivos católicos, activistas patrimoniales y sectores políticos que exigieron una revisión a la gestión cultural del Municipio.

Entre la libertad artística y el respeto religioso

Muñoz insistió en que su administración no censura expresiones culturales. “Coincido en que no estamos para censurar en lo absoluto; cometeríamos un error al hacerlo”.

Pero también marcó distancia frente a cómo se configuró la presentación, al señalar que no se alinea con la marca de su administración. “No se compadece con el respeto absoluto e irrestricto a las diversidades, incluyendo la diversidad religiosa”.

El mensaje buscó equilibrar dos agendas: la defensa de la libertad artística y la necesidad de calmar a un sector que vio la intervención como una falta de respeto a lo sagrado.

Conversaciones con la Iglesia

El alcalde reconoció que ha mantenido intercambios de mensajes “respetuosos” con líderes religiosos de la ciudad. Explicó que compartieron los comunicados emitidos por ambas partes para transparentar sus posiciones ante la ciudadanía.

Aunque no mencionó sanciones, la Fundación Museos deberá presentar un informe detallado sobre la cesión del espacio, el proceso de autorización y los responsables de la programación.

La pregunta clave: ¿se sabía o no?

Ante las dudas sobre si hubo o no autorización política, Muñoz respondió que no conocía el evento y que los espacios culturales tienen su propia cadena administrativa.

La discusión dejó claro que la controversia no se cerrará con una sola intervención: el Concejo pedirá explicaciones y revisará los protocolos de uso de espacios patrimoniales.

Muñoz adelantó que, si no se aprobaba el punto propuesto para la sesión de esta semana, lo incluirá como punto ordinario el martes próximo. “Cuente con mi compromiso”, dijo a la concejala Cristina López que llevó el tema al debate.

Mientras tanto, la ciudad sigue discutiendo los límites entre arte, fe y uso del patrimonio en una coyuntura donde la sensibilidad religiosa y la libertad cultural chocan más que nunca.

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