Dos mil veinticinco ha sido un año marcado por un aumento notable de la violencia en Guayaquil, con un uso creciente de explosivos o amenazas de este tipo en zonas urbanas. Por ejemplo, en junio de 2025 se registraron detonaciones en sectores comerciales de la Bahía, generando inquietud en comerciantes y residentes (contexto local).

(Lea también: El objeto que generó la alerta de seguridad en el Mercado Central de Guayaquil)

Ahora, en octubre de 2025, la situación escaló gravemente: en la avenida Joaquín Orrantia, en una de las zonas comerciales y empresariales de más alto crecimiento de la ciudad (cercana al Mall del Sol, torres de oficinas y complejos habitacionales), explotó un vehículo con consecuencias funestas: una persona fallecida, múltiples heridos, daños materiales severos y pánico entre los transeúntes.

Las investigaciones preliminares indican que los explosivos usados tenían características sofisticadas, y que un segundo vehículo con carga explosiva fue neutralizado por la Policía antes de detonar. Las autoridades lo han calificado como un acto terrorista, atribuyéndolo a estructuras criminales con capacidad operativa avanzada.

Ante ese hecho, la ciudadanía vivió un momento de alta alarma. Ya han ocurrido casos de 'amenazas de bomba' que terminaron siendo objetos inofensivos:

• En la avenida Francisco de Orellana (norte de Guayaquil), se reportó una maleta abandonada tras una llamada al ECU-911. Uniformados activaron protocolos, evacuaron el área y llamaron al equipo de exploración. Tras una detonación controlada, se confirmó que solo contenía ropa.
• En la mañana del 20 de octubre de 2025, una alerta por un supuesto artefacto explosivo cerca del Mercado Central generó nuevamente evacuaciones y cierre de calles. Una mochila fue encontrada detrás de un cajetín metálico junto a la puerta del mercado (calle 10 de Agosto). La zona fue cercada, agentes especializados revisaron el objeto, y después de minutos sin hallar explosivos, las calles fueron reabiertas.

Estas falsas alarmas pueden generar pánico, pérdidas económicas por el cierre temporal de lugares o vías, y desgastar la confianza de la población en las instituciones. Pero también —y más importante— obligan a que cada denuncia sea tomada en serio y atendida con responsabilidad.

Cómo denunciar formalmente una sospecha de explosivo: canales y requisitos

1. Fiscalía General del Estado: Para presentar una denuncia penal (por ejemplo, amenazas, explosivos, omisión de auxilio). Según la Fiscalía, el denunciante requiere su cédula de identidad; no se necesita abogado; el trámite es gratuito.
2. El 181, conocido como “Línea Marca” o “Atención Ciudadana” de Guayaquil: Es un canal clave que la Alcaldía mantiene activo para reportar situaciones sospechosas o emergencias locales no médicas (incluidas alertas de seguridad).
3. ECU-911: En casos urgentes, la llamada al ECU-911 es el canal inmediato para activar unidades de respuesta (policía, bomberos) ante la alerta de bomba.
4. Policía Nacional – Atención Ciudadana / Unidades de Policía Comunitaria (UPC): Puedes acudir personalmente, llamar o usar plataformas digitales para notificar hechos relacionados con seguridad ciudadana.
5. Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) – denuncias internas: Si el objeto sospechoso se encuentra dentro de una institución pública o edificación institucional, se puede activar un mecanismo interno de denuncia. La SGR coordina talleres y protocolos de actuación frente a amenazas de bomba.

¿Por qué estas alertas de explosivos no pueden ignorarse?

• Potencial humano y material devastador: En un entorno urbano denso, una detonación puede provocar no solo muertes y heridas por esquirlas, sino daños estructurales —rotura de vidrios, desprendimientos, impacto de onda expansiva—, como ya se documentó en el sector de Ciudad del Sol, donde la explosión afectó fachadas, ventanales y vehículos a más de 150 metros de distancia.
• Estrategia de terror y desestabilización: Estos actos pueden obedecer al interés de generar miedo generalizado, socavar la sensación de seguridad y provocar caos en zonas comerciales o puntos estratégicos de la ciudad. Casos similares ya están siendo investigados en Ecuador como parte de una escalada de violencia con explosivos.
• Costos colaterales: Cada evacuación interrumpe el comercio, transporte y actividades cotidianas. En edificios y locales, los daños materiales pueden implicar reposición de cristales rotos, refuerzos estructurales, tiempo de cierre parcial y pérdidas económicas asociadas.
• Desconfianza ante llamadas falsas: Lamentablemente, existen casos de personas que hacen llamadas falsas al ECU-911 para paralizar procesos legales, audiencias o generar distracción en unidades policiales. Las autoridades advierten que tales acciones pueden ser rastreadas y sancionadas penalmente bajo el COIP.

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