El 13 de noviembre de 2025, Edgar Lama, entonces presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, anunció el inicio de la contratación de un sistema de control digital para la red de salud del IESS, que sería desarrollado por CNT con apoyo tecnológico de HealthBird, empresa asociada con Google. Aseguró que sería “el fin del desorden y las mafias”. Sin embargo, la idoneidad de la startup fue cuestionada públicamente y la empresa terminó retirándose del proceso. ¿Caso cerrado?

Tres abogados penalistas coinciden en que la Fiscalía General del Estado debería investigar los hechos. Recuerdan que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla los delitos contra la eficiencia de la administración pública, aplicables a la actuación de funcionarios de todo nivel.

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“La Fiscalía se debería involucrar en este caso, ya que tiene que ver con dinero público y podría configurarse un delito de peculado”, sostiene el penalista Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.

Información reservada en contrato polémico

Tras el anuncio de HealthBird de que dejaba sus operaciones en Ecuador, CNT EP afirmó que el acuerdo con la startup estadounidense no tuvo impacto presupuestario. Sin embargo, no se ha aclarado si los 221.859 dólares que CNT tenía previsto pagar fueron transferidos. Según Primicias, el acuerdo fue declarado información reservada, lo que impide su acceso durante los próximos 15 años.

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Ocaña indicó que la Fiscalía debe investigar si existió algún pago y, sobre todo, si en el proceso hubo lesividad, es decir, si se causó daño o perjuicio al Estado. En la misma línea, el abogado Alberto Montenegro señaló que la Fiscalía debería abrir una investigación de oficio, pues en procesos de contratación pública pueden configurarse delitos como cohecho o tráfico de influencias. Advirtió además que la falta de acceso a la información incrementa el riesgo de impunidad.

Actuación de oficio

A su vez, el penalista Ciro Guzmán explicó que la Fiscalía puede actuar de oficio cuando existen indicios de un presunto delito, incluso si el contrato no se concretó. Señaló que en materia penal se sanciona la tentativa de delitos contra la administración pública y que los indicios conocidos podrían ser el punto de partida para una investigación que determine si existió una conducta dolosa o irregular.

Desde la Asamblea, la asambleísta Viviana Veloz indicó que evalúa presentar una denuncia ante la Fiscalía, a la espera de respuestas a los pedidos de información y de una verificación preliminar de la Contraloría sobre el proceso entre HealthBird y CNT en el IESS.

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