El colectivo Acción Los Ceibos expresó su rechazo a las declaraciones emitidas por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respecto a la construcción de dos pasos a desnivel en la intersección de las avenidas Leopoldo Carrera y Del Bombero. En un comunicado difundido este miércoles 2 de julio de 2025, los moradores del sector denunciaron que la obra carece de sustento técnico y fue decidida sin procesos de participación ciudadana.

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Álvarez desestima las críticas y acusa intereses políticos

Durante su enlace radial semanal, el alcalde Álvarez calificó a los manifestantes como "activistas políticos", acusándolos de querer frenar el desarrollo urbano de la ciudad. También minimizó la magnitud de las protestas, asegurando que no representan el sentir de la mayoría y que están motivadas por intereses personales.

Frente a estas declaraciones, el colectivo respondió con firmeza:

“No estamos haciendo política, estamos ejerciendo nuestro derecho a participar, cuestionar y exigir transparencia y justicia urbana”, señala el pronunciamiento del grupo vecinal.

Tres puntos críticos del proyecto, según el colectivo

El documento emitido por Acción Los Ceibos expone varios cuestionamientos a la obra:

• Ineficiencia técnica: Alegan que el paso a desnivel no solucionará los verdaderos cuellos de botella en la movilidad del sector.

• Costo elevado y falta de transparencia: Critican la inversión de más de $15 millones en fondos públicos, sin estudios técnicos integrales ni acceso público a los mismos.

• Ausencia de consulta previa: Reclaman que no se realizó ninguna consulta ni socialización previa con los residentes del área afectada.

En su comunicado, el colectivo lanzó un llamado al alcalde Álvarez: “Recordamos al alcalde que su rol como autoridad no es desacreditar la voz ciudadana, sino responder a ella con responsabilidad, apertura y rendición de cuentas”.

Paralelamente, se conoció que una jueza del Tribunal de Garantías Penales negó la medida cautelar presentada por residentes de Los Ceibos, quienes habían solicitado frenar el proyecto vial como parte de una acción de protección. Los demandantes argumentaban que la ejecución de la obra vulnera el derecho a la ciudad y al hábitat seguro.

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