La alianza Revolución Ciudadana-Reto (RC-Reto) sufrió un nuevo revés político y judicial luego de que la acción de protección que presentó contra el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, fuera declarada improcedente por la justicia constitucional. Esta decisión refuerza la posición del oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN) dentro del Legislativo, en un contexto de fuerte disputa por el control del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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La noticia se conoció el 12 de junio de 2025, casi un mes después de la instalación del nuevo período legislativo, que inició el pasado 14 de mayo. Desde entonces, los bloques han evidenciado tensiones marcadas, especialmente por la exclusión del correísmo de los espacios de decisión.

¿Por qué fue rechazada la demanda del correísmo?

El juez constitucional Santiago Altamirano resolvió archivar la demanda interpuesta por el legislador Raúl Chávez, representante de RC-Reto, quien cuestionó la conformación del CAL y la actuación de Niels Olsen en la distribución de cargos legislativos.

En su decisión, el juez sostuvo que no hubo vulneración de derechos constitucionales y que los temas abordados por la acción competen exclusivamente al ámbito de autonomía del poder legislativo, el cual no puede ser interferido por decisiones judiciales.

La procuradora de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, respaldó esta visión durante la audiencia. Argumentó que los cargos legislativos no pueden considerarse derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y que las decisiones internas del Parlamento están fuera del alcance de los jueces constitucionales. "Los jueces no pueden revisar las decisiones internas del Parlamento, ya que estas forman parte del ámbito de autonomía legislativa", explicó Mediavilla.

Este pronunciamiento judicial frena las aspiraciones del correísmo de reconfigurar la integración del CAL, órgano clave para la administración del Legislativo.

¿Cuál fue el origen del conflicto entre RC-Reto y ADN?

El punto de quiebre se dio el 14 de mayo de 2025, durante la sesión de instalación de la nueva Asamblea Nacional. En ese momento, ADN, con mayoría coyuntural, impidió que Revolución Ciudadana participara activamente en la elección de autoridades. Ni siquiera pudo presentar una candidatura para la vicepresidencia de la Asamblea.

Ante esa exclusión, el correísmo impulsó una maniobra para dividir su bloque legislativo, inicialmente conformado por 66 asambleístas, y así intentar obtener mayor representación en el CAL. Bajo esta estrategia, Raúl Chávez propuso formar la denominada Bancada de la Gente, lo que habría permitido al correísmo acceder a dos vocalías en el órgano administrativo.

Sin embargo, Olsen negó esta división, argumentando que los legisladores de RC-Reto fueron electos como una sola alianza. Su negativa impidió el reacomodo de fuerzas dentro del CAL, sellando la exclusión del correísmo.

Para neutralizar posibles cuestionamientos y mostrar una supuesta inclusión, ADN designó a Mónica Salazar —una legisladora inicialmente electa por la RC— como tercera vocal del CAL. No obstante, Salazar había renunciado formalmente a la bancada correísta días antes de la primera sesión, hecho que fue interpretado como una estrategia del oficialismo para quedarse con todos los puestos clave.

La disputa por el CAL: ¿fin de la batalla o nuevo capítulo?

Con esta resolución judicial, el correísmo se queda sin una vía constitucional inmediata para disputar el control del CAL. La acción de protección era una de las principales herramientas jurídicas que buscaba revertir la exclusión de su bloque del poder legislativo interno.

Para RC-Reto, el fallo representa una derrota legal, pero también un retroceso político en su lucha por recuperar influencia dentro de la Asamblea. En cambio, ADN sale fortalecido al consolidar el respaldo judicial a sus decisiones, lo que podría traducirse en mayor estabilidad para su agenda legislativa en los próximos meses.

Este episodio refleja las profundas fracturas entre las bancadas legislativas, donde las disputas ya no solo se libran en el hemiciclo, sino también en los tribunales. La resolución del juez Altamirano marca, al menos por ahora, un punto de inflexión que redefine los límites entre el poder judicial y la autonomía parlamentaria en el Ecuador.

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