La muerte de Roberto Araldo Pinchupa Ramírez, de 19 años durante un operativo militar en Santa Elena será investigada por la Unidad Especializada en Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza (UEIUIF-2), con sede en Guayaquil, en la Fiscalía de La Merced. La Fiscalía reveló que, tras los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2025, se ha abierto un proceso por ejecución extrajudicial que involucra a seis militares de la Unidad No. 14 del Batallón Marañón.

Según el oficio enviado el 11 de diciembre por la Fiscalía a la Unidad Judicial Penal de La Libertad, se ha solicitado que el caso sea tratado en Guayaquil debido a la competencia de la UEIUIF-2. En este contexto, se le ha solicitado a la autoridad competente en Santa Elena que se informe de manera urgente sobre el caso, el cual involucra a los militares procesados: Tonato Aguilar Darío Alfredo, Álex Plasencia, Jorge Carrera Lucas, Jonathan Cuñas Ocapaña, Byron González Zumárraga y Erwin Ramírez Abad.

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El joven fallecido, identificado como Roberto Araldo Pinchupa Ramírez, habría muerto a raíz de lesiones producidas por una presunta tortura (esta es la causa de muerte).  A pesar de que los militares afirmaron que el joven sufrió una sobredosis y fue trasladado por ellos al hospital, el análisis médico contradice esa versión.

Valoraciones médicas tras operativo militar

En el marco de la investigación, la Fiscalía ha solicitado valoraciones médicas de las otras personas que se encontraban en la vivienda intervenida. Estas personas, incluidas dos menores de edad, también presentaron signos de maltrato. La Fiscalía considera que estos elementos son clave para sostener la teoría de que las víctimas fueron torturadas durante el operativo.

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El fiscal que inicialmente estuvo encargado de la causa, John Tipantasi, explicó que las valoraciones médicas de los sobrevivientes, al parecer,. refuerzan la teoría de tortura y abuso de poder por parte de los militares. Por ahora, el caso sigue en desarrollo y la Fiscalía de Guayaquil tiene 30 días para continuar con las diligencias. En paralelo, se ha iniciado un proceso judicial contra los civiles encontrados en la vivienda por tráfico de sustancias ya que presuntamente se hallaron evidencias de sustancias sujetas a fiscalización en la escena del operativo.

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