La tarde en Socio Vivienda 2 huele a polvo caliente y albahaca. Las pequeñas macetas rojas, alineadas frente a una casa de cemento sin pintar, aún conservan restos de tierra seca. Catherine las mira cada vez que pasa por allí. Era el jardín improvisado de su vecina, una mujer alegre que regaba las plantas cada mañana. Fue en ese mismo sitio donde, el 6 de marzo pasado, la mataron a pedradas durante la mayor masacre que ha vivido este barrio: 22 personas asesinadas en pocas horas.

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A sus 21 años, Catherine carga una historia demasiado grande para su edad. Sobrevivió a esa matanza, al secuestro de su hermano y a la nostalgia de haber dejado atrás su primer hogar.

“Yo me cambié a Socio Vivienda hace diez años —recuerda—. Nos reubicaron porque vivíamos al pie del estero Salado. Me sentía feliz. Después de pasar toda mi vida en una casa de caña, por fin tenía paredes de cemento”.

La ilusión de una vida tranquila se fue resquebrajando con los años. Primero llegaron las bandas narcocriminales. Después, la violencia se volvió rutina.

La fractura invisible

Un estudio de ONU Mujeres advierte que, en el mundo del narcotráfico, la participación más habitual de las mujeres no se da en roles de liderazgo, sino en actividades relacionadas con el microtráfico y el transporte local de drogas. Señalan además, basándose en entrevistas a líderes sociales y funcionarios públicos, que “las mujeres que están en sitios donde hay bandas criminales o si son líderes de banda, o si son parejas de las bandas o microtraficantes, resultan degradadas, y entonces no se tiene que investigar quién las mató; porque, como eran de la banda, es un cuerpo desechable”.

El informe destaca que las mujeres vinculadas al crimen organizado son víctimas de femicidio, violencia sexual, amenazas y violencia psicológica, y que sus muertes enfrentan una falta de investigación. En Socio Vivienda, esa realidad tiene nombre y rostro.

“La conocí cuando tenía trece años. Era muy alegre, muy sociable”, dice Catherine al hablar de su vecina. Todo empezó a cambiar cuando la banda (Los Tiguerones) que mandaba en el sector se dividió en dos. “Se perdió todo respeto. Ya no había mamá, hermana, nada”.

Esa división marcó un antes y un después: los vecinos dejaron de hablarse con confianza, los conciertos desaparecieron, las noches se hicieron más cortas y los rumores más largos. El hijo de la vecina empezó a involucrarse en el microtráfico, y eso, en un territorio controlado por grupos armados, equivale a firmar una sentencia silenciosa.

Según cifras de la Fiscalía, hasta septiembre de 2024, 316 mujeres fueron víctimas de homicidios intencionales. En el mismo periodo de 2025 han muerto 454, lo que representa un aumento del 43 % en el número de mujeres asesinadas con intención en Ecuador.

El homicidio se encuentra tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) e implica que el asesino mata a la víctima con intención. La pena es de 10 a 13 años de reclusión.

La noche de la masacre

El ruido de los disparos llegó primero. Después, los gritos. Hombres armados irrumpieron en varias casas, buscando nombres que ya tenían apuntados. La vecina fue arrastrada hacia la parte trasera de su vivienda. Allí, sin que nadie pudiera intervenir, murió apedreada.

Catherine lo recuerda todo. No porque lo haya querido, sino porque no ha podido olvidarlo. “Esa noche se borró el respeto y quedó solo el miedo”, dice. A la mañana siguiente, las macetas rojas amanecieron volcadas, y el barrio entero despertó distinto: más silencioso, más vacío.

Los jóvenes que Catherine conocía desde la escuela, esos mismos con los que compartía cuadernos y risas, ya eran parte de una organización criminal. Ella misma recibió una amenaza: “Te vamos a educar. Todos somos tus enemigos”. Esa frase, seca y directa, la empujó a huir.

En el estudio publicado por ONU Mujeres, el 20 % de las mujeres participantes señaló que tuvo que desplazarse de su lugar de residencia por amenazas.

Las cifras de la Fiscalía hablan de asesinos desconocidos que matan a mujeres ecuatorianas. Pero en el barrio, las voces apuntan en otra dirección: parejas sentimentales, enemigos de los hijos, rostros que se cruzan a diario en la misma calle. Catherine no olvida. La casa de su vecina sigue allí, muda y vacía, con las macetas rojas como único testigo.

Para la abogada y exministra de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, estos datos reflejan la falta de diligencias tempranas en las muertes de mujeres y “la falta de interoperabilidad de datos entre la Fiscalía, la Policía, la Judicatura y el Ministerio de la Mujer, lo que dificulta identificar vínculos; por el mayor peso de violencias asociadas a economías ilícitas y sicariato, donde no existe relación afectiva directa, y por la insuficiente aplicación del enfoque de género que inicia causas como homicidio intencional sin explorar antecedentes de violencia”.

Según el reporte de la Fiscalía, desde 2021 se duplicó el número de homicidas desconocidos para el Estado. En 2020 fueron 52; en 2021, 117; en 2022, 303; en 2023, 477; en 2024 se mantuvo la tendencia con 407, y en 2025 fueron 385. Entre 2021 y 2022 el aumento de homicidas desconocidos fue del 159 %.

Ordóñez considera que, para identificar a los asesinos, debe aplicarse el Protocolo Latinoamericano en toda muerte violenta de mujer, que incluye “asegurar entrevistas y pericias en las primeras 24–72 horas, el cruce automático de bases de datos y metas de gestión que midan el porcentaje de casos con relación identificada, además de la reclasificación oportuna a femicidio cuando corresponda”.

Las voces del barrio

En el suburbio de Guayaquil, las noches ya no suenan igual. Las risas de los niños se apagan temprano y las conversaciones se vuelven susurros detrás de las ventanas cerradas. María lo sabe bien. Desde 2018 ha visto cómo las bandas criminales se adueñaron, poco a poco, de las calles, del miedo y hasta del amor.

“Vivimos la problemática de que adolescentes o mujeres mayores de edad se enamoran del líder de la banda, y ahí empieza la violencia basada en género”, dice.

María recuerda a una muchacha de 17 años. “Ella fue manipulada para que diera información sobre los lugares donde operaban los enemigos del novio —cuenta—. Para ponerles trampas, para hacerles emboscadas. Se dieron cuenta de que era ‘sapa’, le incautaron el teléfono celular, encontraron los mensajes, la amenazaron de muerte y toda su familia tuvo que salir de aquí”.

En este territorio donde la vida vale menos que una mirada, las mujeres se convirtieron en blanco. María lo dice sin rodeos: atacar a las madres, a las novias o a las hermanas de los miembros de las bandas es una forma de ganar terreno, de marcar dominio en una guerra que se libra casa por casa.

A más de 300 kilómetros, en Esmeraldas, Ximena revive la misma historia con otro acento. Hace cinco años dejó Guayaquil y se radicó en esta provincia con la esperanza de encontrar tranquilidad. Pero en 2023 volvió a ver los mismos rostros, las mismas armas, los mismos patrones.

“En Esmeraldas nadie quiere hablar —dice—, pero ya hemos visto tres de estos casos. Eran hermanas, las asesinadas”. Lo cuenta despacio, como si nombrar el horror lo hiciera más real.

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