Durante la audiencia de imputación en Bogotá, Colombia, contra Carlos Eduardo Mora González, uno de los señalados por el atentado contra el político Miguel Uribe Turbay, surgió un dato que reorientó las investigaciones: según el sospechoso, la orden para ejecutar el ataque fue emitida desde Ecuador.

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En su declaración judicial, Mora mencionó a dos personas clave: El Costeño, quien sería su jefe inmediato, y El Churco, el presunto autor de la orden, quien estaría radicado en territorio ecuatoriano. La instrucción, dijo, fue entregar un arma a un adolescente que disparó contra Uribe el pasado 7 de junio de 2025, mientras el exsenador se desplazaba por el norte de la capital colombiana.

Este es un caso que comparte varias características con el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

En el caso de don Villa, como era conocido popularmente, siete colombianos fueron detenidos poco después del crimen. En el caso Uribe, la investigación apunta a una estructura que, según el testigo, se habría extendido hasta Ecuador.

Comprobar los alias dichos por el sospechoso

Kléber Carrión, exoficial de Inteligencia en Ecuador, advierte que, tras la divulgación del procesado, el primer paso es comprobar si los alias mencionados corresponden a personas reales plenamente identificadas. “Caso contrario, no pasan de ser elucubraciones”, señala.

Para Carrión, la presencia de indicios que conectan el atentado con Ecuador no debe sorprender. “La delincuencia no entiende de fronteras. Los Estados, en cambio, muchas veces tienen trabas burocráticas o políticas para cooperar”, dice. Y añade que en Latinoamérica existe una “mixtura creciente” entre ideología y crimen organizado.

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Según él, la coordinación entre Colombia y Ecuador enfrenta obstáculos políticos. “Hay una diferencia ideológica entre gobiernos. En el papel se puede cooperar, pero en la práctica muchas veces no se materializa porque las prioridades políticas son distintas”, explica.

Asistencia penal internacional para investigación

El fiscal César Peña, quien ha sido parte de áreas dedicadas a la investigación de delincuencia organizada transnacional, indica que la vía legal para este tipo de casos es la asistencia penal internacional. “Colombia, como país requirente, debe canalizar su pedido por vía diplomática a Ecuador, el país requerido. A partir de ahí, la Fiscalía y la Interpol pueden intervenir para recolectar información o ubicar personas”, señala.

El funcionario toma como ejemplo un caso anterior en Ecuador: el asesinato de un turista japonés, en Guayaquil. En esa ocasión, se pidió cooperación a Japón para obtener versiones y pruebas. “Es un proceso válido, pero toma tiempo”, precisa.

Hasta el cierre de esta edición, no existía confirmación pública de que Colombia haya solicitado asistencia a Ecuador por este caso. 

¿Inteligencia de los Estados es superada?

La información entregada por el testigo abre líneas de investigación que aún deben ser verificadas. Pero también plantearía una alerta sobre cómo operan las redes criminales en la región. “El hecho de que un alias desde Ecuador sea señalado como quien ordenó el atentado en Bogotá muestra que hay estructuras que superan las capacidades actuales de inteligencia de ambos países”, sostiene Carrión.

Y agrega que la conexión transfronteriza, el uso de menores, la posible motivación política y la falta de cooperación inmediata entre Estados refuerzan un patrón que ya se vio en el caso Villavicencio.

“Ambos crímenes se produjeron con componentes similares y con actores que cruzan fronteras. El reto ahora es ver si los Estados están dispuestos a responder con la misma coordinación”, concluye.

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