Merced y Roberto (nombres protegidos) vivieron con angustia, temor, hambre e incertidumbre durante los 31 días que duró el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), tras el anuncio del incremento al diesel del Gobierno.

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Fueron parte de las miles de víctimas que, en silencio, trataron de sobrevivir a los bloqueos de carreteras, al desabastecimiento de alimentos y a las amenazas con palos de madera y puntas de acero que provenían de grupos rebeldes.

El paro nacional fue declarado oficialmente terminado por el Gobierno y la Conaie el 22 de octubre, pero en Otavalo la calma aún no llegaba porque algunas bases indígenas no reconocían esta decisión. El eco de las manifestaciones violentas, la guerra de pueblo contra pueblo seguían presentes en las calles, los mercados y los hogares de esta ciudad que vive del comercio y el turismo.

Ese mismo día, el presidente Daniel Noboa anunció que el precio del diesel bajará entre diciembre del 2025 y febrero del 2026, poniendo fin, por el momento, a una jornada de protestas que dejó centenares de heridos, tres muertos y docenas de detenidos.

Los daños colaterales

“No había comerciantes, todo el mundo estaba obligado, como secuestrados”, dice Roberto, habitante de la comunidad de Huaycopungo, una de las más activas en las protestas. Con voz cansada, describe cómo su zona se convirtió en un punto de miedo y silencio. “Los dirigentes nos usaron sin visión ni orientación. La gente salió porque los obligaron”, lamenta.

Por esa razón se dirigió a Otavalo donde durante más de 30 días, las vías que conectan a esta ciudad con Ibarra, Cotacachi y Atuntaqui estuvieron cerradas. El tránsito de alimentos, gas, medicinas y combustible se volvió casi imposible. “Estuvimos sin comida. Sobrevivimos con lo poco que traíamos del campo: maíz, fréjol y papas”, agrega Roberto.

Cuando recorría las calles de Otavalo se percataba que las consecuencias del paro fueron devastadoras. Todo incrementó. El comunero afirma que el tomate y la cebolla costaban tres por un dólar; la papa, hasta 60 dólares el quintal, cuando su precio es de 30.

Además, señala que los víveres no llegaban, y si llegaban, los dirigentes decidían a quién vender. En su relato, los bloqueos no fueron una forma de protesta, sino de un control social y hasta cierto punto psicológico. “Si no participabas, no te dejaban comprar. Eso no es lucha, es un abuso”.

Por si fuera poco, tenían que esconderse de los encapuchados con palos y lanzas improvisadas. Según Roberto, eran indígenas que alertaban mediante un megáfono a los dueños de locales que no podían abrir sus negocios o les quitarían la mercadería. En algunos casos vio discusiones que escalaron a los golpes entre los implicados.

Los pobladores buscaron mecanismos para reactivar la economía. Roberto recuerda que sus familiares iban con una mochila a comprar en las tiendas que permanecían cerradas. ‘Amagaban’ que eran parientes del dueño. Timbraban. Ingresaban. Adentro se abastecían de víveres y luego se iban. “Si las patrullas se daban cuenta te quitaban los alimentos”, cuenta.

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La unión hace la fuerza

Merced, dueña de un restaurante en Cotacachi, vivió esa misma angustia, pero desde el lado comercial. Estuvieron bloqueados sin alimentos ni gas. Según ella, “una cubeta de huevos que costaba 3 dólares llegó a 8. Un pollo de 5 pasó a 18”.

En su local emplea a tres personas y no podía despedirlas. Entre todos sacaron el negocio adelante. Caminaron a otros cantones como Atuntaqui para obtener alimento. “Cargábamos mochilas con lo poco que encontrábamos y vendíamos a domicilio sin costo para mantenernos”. A veces no había ganancia.

La inseguridad también se apoderó de su localidad. En el día 21 del paro, los encerraron con alambres y tuvieron que esperar horas hasta que los vecinos les ayudaran. Desde entonces, alguien del equipo se quedaba de guardia para ver si llegaban los revoltosos y alertar a todos.

Para Merced, el miedo fue más fuerte que el hambre. “Nos decían que si abríamos, nos iban a saquear”.

Un escenario catastrófico

Para el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, la situación de Otavalo refleja el impacto más grave de esta paralización.

Según su análisis, la ciudad aporta unos 350 millones de dólares al producto interno bruto (PIB) nacional y perdió alrededor de 2 millones diarios durante las protestas. Explicó que si el paro hubiera continuado, las pérdidas podían llegar a los 500 millones, es decir, el 0,4 % del PIB del país.

El especialista indica que la desconexión de Imbabura con el resto del país golpeó duramente a los sectores textil, artesanal y turístico. Apunta que se cortó el libre tránsito de personas y mercancías, base de la economía otavaleña. “Muchas familias usaron sus ahorros o se endeudaron para sobrevivir”.

Yumibanda enfatiza que de haber continuado el paro, el norte del país podría haber entrado en una recesión con efectos en pobreza y desigualdad.

¿Un final feliz?

Con banderas tricolores y carteles con mensajes que decían “Gracias a Dios y a ustedes” se observó a pobladores de la provincia de Imbabura agradeciendo a militares y policías que despejaban las carreteras de los bloqueos y retiraban los adoquines que impedían la libre movilidad de ciudades como Otavalo.

Esta localidad, conformada por más de 125 mil habitantes entre zonas rurales y urbanas, estuvo ‘asfixiada’ durante más de un mes. Fue la más golpeada por la paralización de actividades, las manifestaciones violentas, y la terquedad de dirigentes que no permitían que se mueva la economía.

Las familias esperan que las promesas de reactivación lleguen pronto, pero los daños ya están hechos con negocios al borde de la quiebra, deudas acumuladas y una población que siente que el paro no solo paralizó la economía, sino también su confianza.

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