Minería ilegal y contrabando: el grupo criminal que se afianza en la frontera colombo-ecuatoriana

El Ejército ecuatoriano intervino en la franja fronteriza con Colombia, el 20 de enero, y desmanteló cuatro campamentos de construcción mixta donde supuestamente se explotaba oro de manera ilegal.

La entidad informó que estos lugares estarían ligados al grupo ilegal armado de Colombia (GIAC) Frente Comuneros del Sur y que este golpe representaría una afectación de 100.000 dólares a la economía de esta estructura criminal.

Expansión criminal

Este grupo, según la experta en seguridad y crimen organizado Katherine Herrera, se identifica como una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con presencia activa en la frontera norte del Ecuador, particularmente en parroquias rurales de Carchi.

La investigadora visitó por más de un año una de estas localidades subtropicales del país y develó que este tipo de estructuras delictivas controlarían el territorio sin ejercer violencia o entrar en conflicto armado con la fuerza pública.

Ellos, según Herrera, priorizan el control económico y social con base en la explotación aurífera, y se han convertido en un gobierno paralelo que cumple con funciones estatales como generar empleo, construir espacios recreativos, crear infraestructura, entre otros aspectos de desarrollo social.

Control criminal

Herrera asegura en su investigación que esta estructura armada se articula con actores locales y con redes criminales vinculadas a la minería ilegal, contrabando y tráfico transfronterizo, aprovechando la debilidad e intermitencia del control estatal ecuatoriano en la zona.

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El Frente Comuneros del Sur no aparece como un actor improvisado, sino como una organización con experiencia histórica en gobernanza criminal, heredera de décadas de control territorial ejercido por las FARC en la frontera colombo-ecuatoriana

En el informe del medio colombiano Semana ‘La nueva frontera del crimen’, se explica cómo desde suelo colombiano se ha percibido esta nueva realidad criminal fronteriza.

En este estudio se determinó que entre 2024 y 2025, narcotraficantes y guerrilleros se adueñaron de 586 kilómetros y “tienen las llaves de la puerta de ingreso y salida a Ecuador”.

Además, en este período se ha detectado la existencia de 185 pasos clandestinos, que son custodiados por hombres fuertemente armados con fusiles y escopetas. Por estas rutas entrarían cientos de explosivos que perforan la tierra y permiten extraer minerales de manera ilegal.

Este informe reveló que el Frente Comuneros del Sur operaría en las zonas fronterizas de Colombia que limitan con las parroquias rurales de Carchi.

Gobernanza delictiva

Altos mandos policiales y militares colombianos indicaron a Semana que no tienen las capacidades operativas ni de tecnología para ejercer control en los pasos ilegales. Con esto, según el estudio, los grupos criminales han tenido más acercamiento a las comunidades y han logrado penetrar sin tener que usar la violencia.

Mediante interceptaciones telefónicas, testimonios y allanamientos se determinó que este grupo criminal habría instalado células delictivas paralelas que sostienen las economías ilícitas de otra forma que generando ataques armados.

Según consta en el informe, estos criminales presuntamente reclutan bajo engaños a comuneros de las zonas rurales a cambio de un salario de 500 dólares mensuales.

Herrera añadió que el Frente Comuneros del Sur opera como actor financiero y estratégico de la minería ilegal de oro. Es decir, aporta el capital inicial, fija condiciones de explotación y controla los eslabones de mayor valor de la cadena, que son el beneficio del mineral, la comercialización y lavado de activos.

La experta finalizó señalando que la extracción se realiza en territorio ecuatoriano y el procesamiento se traslada principalmente a Colombia.