Economías ilegales y silencio estatal: así operan las ‘islas de paz criminal’ en Ecuador
Experta revela que las organizaciones criminales priorizan el control económico y social antes que el conflicto armado. Existiría una migración del delito
A menudo se efectúan operativos militares por la zona, para desmantelar campamentos de minería ilegal.
El bar es precario y está ubicado al fondo de un parqueadero. Paredes de tablas, techo cubierto con fundas negras, mesas plásticas y asientos hechos con troncos de árbol. Sirven cerveza y aguardiente, de fondo suena música del fallecido colombiano Yeison Jiménez y el calor de esta zona subtropical es intenso.
Política
Caso María Fernanda Vargas: ¿qué pasará con la alcaldesa en la Revolución Ciudadana?
Byron Castillo
Así lo describe la investigadora Katherine Herrera Aguilar en su paper académico Islas de Paz Criminal: cuando el crimen organizado opera más allá de la violencia visible en Ecuador.
Cotidianidad distinta
Este espacio improvisado dentro de una parroquia fronteriza del Carchi parecería una postal de cómo es allí un sábado rutinario a las 22:00. Sin embargo, detrás de esta cotidianidad pasiva se esconde un escenario un tanto turbio y peligroso para los casi 4.000 habitantes que viven en esta localidad cuyo nombre, por temas de seguridad, omitiremos.
Los habitantes de esta zona rural se han acostumbrado a vivir en una tensa calma con presencia del crimen organizado.
Está ubicada en el noroccidente de Carchi y es un territorio donde la violencia letal es baja, pero el crimen organizado está profundamente arraigado, de ahí el nombre de isla de paz criminal.
Es decir, en estas zonas la ausencia de homicidios no significa seguridad, sino consolidación de economías ilícitas y control territorial silencioso.
Quito
Incendio estructural cobró la vida de un hombre de 58 años en Quito: ¿Cómo pasó?
Byron Castillo
De acuerdo con datos de la Policía Nacional citados en el estudio, entre 2024 y 2025 la provincia del Carchi concentró apenas el 0,1 % de los homicidios a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con menor letalidad del país.
Además, en el distrito Tulcán (al que pertenece la parroquia estudiada) la criminalidad se expresa de forma no letal. Entre 2023 y 2025 se registraron 629 delitos contra la propiedad, frente a tan solo 23 homicidios intencionales en este mismo periodo.
En esta parroquia fronteriza la minería ilegal se ha convertido en la dinamizadora de la economía.
Una ley paralela
Herrera señala que allí el Estado mantiene una presencia parcial o casi nula. Hay juntas parroquiales, escuelas, centros de salud y operativos esporádicos, pero carece de capacidad real para disputar el control económico y social.
Esa debilidad permite que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) regulen actividades como la minería ilegal de oro, principal economía ilícita en la zona, que ofrece empleo e ingresos superiores a la agricultura tradicional. También ejercen acciones de contrabando y tráfico fronterizo.
Quito
Ola de violencia sacude a Quito: asesinatos, tortura y sicariato en menos de 11 días
Byron Castillo
Esta nueva realidad se convirtió en una economía ancla para la parroquia, pues provee trabajo, dinamiza el comercio local y sostiene a decenas de familias. A cambio, el actor criminal controla quién trabaja, bajo qué condiciones y cómo se resuelven los conflictos.
(Te puede interesar: La Santa Muerte en Quito: ¿A quién pertenecen las calaveras incautadas por la Policía?)
Esa dependencia económica explica por qué la población guarda silencio y tolera la ilegalidad, incluso cuando es consciente de ella. Su cotidianidad ha sido absorbida por una nueva dinámica criminal en la que son parte de un sistema paralelo al gubernamental, a cambio de paz y cero violencia.
Militares hacen constantes operativos para combatir a la minería ilegal.
El general Víctor Herrera, inspector general de la Policía Nacional, explicó durante la presentación de este informe investigativo que esta nueva realidad surge por la oferta y demanda del oro.
Añadió que en el último año las economías ilegales han migrado de la droga a este mineral, porque sería más rentable. Según un análisis del oficial, el kilo de cocaína en mercados internacionales bordea los 30 mil dólares, pero el kilo de oro estaría en los 230 mil dólares.
Herrera enfatiza que deben existir políticas públicas que permitan que el Estado tenga presencia en estos territorios y también alerta que las instituciones uniformadas deben ser potenciadas para hacer frente al crimen organizado en la frontera.
Gobierno paralelo
En el bar dejan de escuchar a Yeison Jiménez y ahora suena vallenato. Aquí todos conviven sin distinción y eso refleja una “paz funcional” que protege la economía ilegal de esta parroquia.
En esta localidad existe gran variedad de ecosistemas.
Coinciden familias, jóvenes, trabajadores mineros, dueños de tierras, funcionarios locales y guerrilleros que cruzan el río desde Colombia. Todos compartiendo el mismo espacio, según la descripción de Herrera.
En ese lugar también se evidencia quién ejerce realmente la autoridad. Una discusión entre asistentes escaló y nadie lograba calmarla, hasta que un hombre identificado como líder de una disidencia intervino con una sola orden verbal.
Quito
Presunto miembro de Los Lobos fue detenido con ocho kilos de marihuana, en Quito
Byron Castillo
No mostró armas ni gritó. Bastó su presencia para que el conflicto terminara. No se llamó a la policía ni llegó ninguna autoridad estatal. Este sujeto disfrutaba con sus amigos. Usaba una gorra, poncho largo y botas de caucho. Su mesa era la única en la que había aguardiente y whisky, detalla el informe académico.
Cerca de esta parroquia, los uniformados incautaron armas de fuego y municiones.
La experta señala que en estas parroquias, un actor armado no estatal regula conflictos, impone normas y genera un orden cotidiano. La violencia no desaparece, sino que se administra.
Se usa solo cuando es necesario, porque el control ya está internalizado por la población mediante una mezcla de miedo, dependencia económica y legitimidad social.
(Puedes leer: "Su carro es robado": el engaño de los falsos policías que operaban en Quito)
Estos nuevos escenarios contrastan con otras zonas de Carchi donde los crímenes violentos siguen siendo un termómetro para medir el poderío de las estructuras delictivas.
Operativo fronterizo
El 14 de enero, las Fuerzas Armadas detuvieron a dos colombianos y a una ecuatoriana en la parroquia La Magdalena, en Tulcán, durante un operativo en contra de la minería ilegal. Les incautaron una subametralladora, dos pistolas calibre 9 milímetros, un revólver calibre .38 y una escopeta calibre 16 milímetros.
La investigadora Katherine Herrera realizó el estudio en más de un año. Fue a territorio y vivió esta nueva realidad que muestra en su informe.
Las primeras indagaciones determinaron que estas personas formarían parte de una estructura de grupos armados irregulares, que utilizan viviendas como refugios temporales antes de cometer extorsiones, secuestros y homicidios selectivos.
Durante el allanamiento, los militares encontraron un cráneo humano y se indaga si corresponde a alguna víctima en el contexto del conflicto armado fronterizo.
El general en servicio pasivo Fausto Olivo también señaló durante la presentación del informe que la convivencia entre lo legal y lo ilegal respondería a una deuda de gobiernos anteriores con la población en temas de prevención social.
Una nueva realidad
Además resalta que esta tranquilidad aparente no es una paz verdadera, sino que revela hasta qué punto el crimen organizado ha aprendido a gobernar sin disparar. Esto, según su análisis, terminará cuando otro grupo armado quiera obtener los réditos que genera la extracción de oro.
El oro se ha convertido en lo más cotizado por las economías criminales fronterizas.
EXTRA le consultó a la Gobernación de Carchi si conoce sobre esta nueva realidad que se estaría viviendo en parroquias fronterizas, para conocer qué acciones han tomado al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.