Los posibles abusos y vulneraciones a los derechos humanos, en el marco del paro nacional de este año, serán objeto de fiscalización por parte de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Así se resolvió la mañana de este 30 de septiembre, tras la comparecencia de familiares de los 12 detenidos en las protestas de Otavalo, en Imbabura, quienes guardan prisión preventiva por el delito de terrorismo.

La convocatoria se dio en el noveno día de las manifestaciones, que no solo han derivado en detenciones, sino también en el fallecimiento de dos hombres. El primero fue Efraín Fuerez, quien murió presuntamente a manos de militares que arremetieron contra una protesta en Cotacachi, Imbabura.

El segundo también perdió la vida en el contexto de las movilizaciones, aunque no por acción de la fuerza pública. Así lo explicó Luis Ángel Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), quien señaló que la causa fue un accidente en motocicleta cuando la víctima vio acercarse a soldados hacia el punto donde se hallaba.

La comparecencia a la Asamblea Nacional

El representante de Inredh relató que la idea de hablar con los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales era desvirtuar las narrativas falsas que, según dijo, ha difundido el Gobierno del presidente Daniel Noboa acerca del paro. Es decir, negar que los manifestantes sean terroristas y que la supuesta financiación provenga del narcotráfico. Para sustentar lo expuesto, los comparecientes mostraron un video de comuneros que respaldaban a los detenidos, a quienes describieron como personas trabajadoras y no como terroristas.

A ello se sumaron testimonios como el de Jairo Muenala, dirigente indígena de Imbabura, quien aseguró estar cansado de ese calificativo. “Como otavaleño, como ecuatoriano, siempre hemos estado con la frente en alto, trabajando, vendiendo nuestras artesanías. Siempre hemos buscado la manera de vivir de nuestro esfuerzo; pero dentro de nuestra propia casa, nuestro Gobierno nos llama terroristas”.

Muenala habló sobre los capturados en las protestas y las dificultades que enfrenta cada uno en su vida. “Uno de los detenidos no podía correr porque tiene problemas de visión. Su trabajo es cuidar a la abuelita, quien pregunta a cada momento por su nieto”, relató.

El dirigente aprovechó para pedir a los miembros de la fuerza pública que no los asesinen. “No nos disparen con balas de guerra. Tal vez nosotros tenemos un palo, tal vez una piedra, hemos cerrado la vía, pero ellos (los soldados) vienen con gases y armas”, dijo.

Petición de juicio político

Otra de las intervenciones fue la de Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que también cuestionó que se los catalogue de terroristas. “Si el presidente Daniel Noboa no entiende la historia del pueblo ecuatoriano, nosotros vamos a alfabetizarlo”, manifestó al referirse al papel del movimiento indígena en los cambios sociales del país.

Vargas exigió una investigación exhaustiva y pidió a la comunidad internacional sancionar lo que calificó como una actitud prepotente del Gobierno. “La Conaie se mantiene firme ante estos atropellos. No declinaremos en nuestra lucha, que es inclaudicable. El consejo de gobierno de la Conaie pide a las bases estar vigilantes”.

El dirigente indígena también planteó a la Asamblea Nacional la necesidad de un juicio político, en particular a los ministros del Interior y de Defensa, John Reimberg y Gian Carlo Loffredo. “Tendrán que responder ante la Constitución y los tratados internacionales. Además exigimos la libertad de los detenidos, porque no son terroristas ni vándalos”, aseveró.

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Hasta este martes, los 12 detenidos mencionados por Vargas permanecían en dos cárceles de la Costa. Fueron capturados el pasado 22 de septiembre, en una revuelta en Otavalo, Imbabura. En la audiencia de flagrancia, la Policía informó que las detenciones ocurrieron tras daños en el Comando de la Policía del Distrito Valle del Amanecer y en la Policía Judicial.

“Ante la violencia, los servidores policiales procedieron a replegar a los manifestantes y, dentro del Comando de Otavalo, la multitud continuó lanzando piedras y luego destruyó el portón de ingreso vehicular, paredes y oficinas, incluidas las instalaciones de la Policía Judicial del cantón. Se causaron daños estructurales y se sustrajeron documentos y evidencias”, precisó.

Posible diálogo de autoridades y movimiento indígena

Mientras en Quito se realizaba la comparecencia, la gobernadora de Imbabura, Maite Landeta, difundía un escrito en el que aceptaba la invitación de la Universidad Técnica del Norte para que en sus instalaciones se lleven a cabo diálogos con el movimiento campesino. “Aceptamos con agrado esta convocatoria, reconociendo la importancia de construir puentes entre la academia, las autoridades y la ciudadanía”, indicó.

Antes de ello, Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, ya había señalado la predisposición de abrir conversaciones para mediar y buscar salidas al paro. Lo expresó en una entrevista televisiva, en la que también aclaró que varias carreteras seguían cerradas.

“Esto a pesar de que ayer (lunes) hubo ya un inicio de diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno Nacional y sectores campesinos e indígenas”, dijo Castillo, quien además manifestó su expectativa de que en las próximas horas se concreten acuerdos definitivos que devuelvan la normalidad a la ciudad y a la provincia.

Sobre la situación del paro, Mauricio Alarcón, analista político, advierte que es incierta, porque si bien se han registrado hechos similares a los de 2019 y 2022, el panorama nacional está lejos de llegar a esos niveles. No obstante, Alarcón pide estar atentos a la escalada que pudieran tener las protestas. “Es preferible que se impulse un proceso de diálogo real, de escucha efectiva y construcción conjunta de soluciones a los problemas que la ciudadanía ha identificado”.

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