Los parientes y amigos de Efraín Fuerez lloraban su violenta partida en el marco del paro nacional que se recrudeció en la provincia de Imbabura. El hombre, de 46 años, era comunero de Cuicocha y perdió la vida la mañana del domingo 28 de septiembre, durante el séptimo día de las protestas, en Cotacachi.

Las honras fúnebres de Fuerez se difundieron en redes sociales, con música triste interpretada por artistas vestidos de negro. En sus letras se expresaba todo el pesar que sentían tras la partida de este padre de familia.

(Además | Carolina Jaramillo: los anuncios de la vocera del Gobierno este 29 de septiembre)

El día del deceso, presuntamente a manos de militares de las Fuerzas Armadas, quedó filmado cómo un grupo de sus compañeros intentó socorrerlo. A rastras lo llevaron tras la arremetida de la fuerza pública, pero fueron interceptados por soldados. El video muestra cómo los uniformados golpearon a la persona que intentó proteger a Fuerez, quien estaba inmóvil en el piso.

Una mujer que estuvo en el lugar relató que pidió ayuda a sus compañeros para llevarlo hasta el hospital. “Les rogué que me auxiliaran. Así le trajimos en camioneta al Hospital de Cotacachi, pero los médicos nos dijeron que (Fuerez) ya no tenía signos vitales”, aseveró la manifestante.

La Conaie se mantiene en no dialogar

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) protagonizó al día siguiente un minuto de silencio en honor a Fuerez. Su presidente, Marlon Vargas, catalogó la muerte como un crimen de Estado y exigió que el hecho sea investigado por organismos internacionales.

“¿Cómo se puede dialogar después de asesinar? ¿Esperábamos que nos fusilen?”, cuestionó, al descartar cualquier acercamiento inmediato con el Gobierno. Condicionó la posibilidad de diálogo a la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126 y a la liberación de los detenidos en el marco de las protestas.

En esa misma línea, Alberto Anaiguano, presidente de la Ecuarunari, insistió en que los indígenas no son terroristas ni narcotraficantes y recordó que la decisión de paralizarse fue tomada colectivamente en Riobamba (Chimborazo).

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, afirmó que Ecuador vive bajo una dictadura que busca vincular a los pueblos indígenas con el narcotráfico y el terrorismo. “Exigimos el cese de la represión aérea y terrestre sin precedentes. Si no, nos veremos obligados el 16 de noviembre a decir no a la dictadura”, advirtió, en referencia al referendo para una Constituyente convocado por el Ejecutivo.

(Conozca también | Guardia abatió a delincuente para evitar robo, ¿qué decidió el juez?)

La postura del Gobierno de Daniel Noboa

Desde el Gobierno, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, también se refirió al fallecimiento de Fuerez en su habitual rueda de prensa. Lo enmarcó dentro de lo que llamó “actos terroristas disfrazados de protesta”, mencionando además el secuestro de 17 militares en la misma provincia. “No vamos a negociar y no vamos a retroceder”, sostuvo, al sostener que las medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa buscan beneficiar a los sectores más vulnerables.

Consultada por el video que muestra al ciudadano moribundo y a otro golpeado por militares mientras intentaba auxiliarlo, Jaramillo evitó emitir un juicio personal. “Hay violencia de lado y lado, y eso debe ser juzgado por las autoridades. También han sido agredidos militares”, manifestó. La funcionaria insistió en que cualquier exceso en el uso de la fuerza será investigado por los órganos competentes, pero descartó que el Gobierno vaya a cambiar su postura frente a las movilizaciones.

Otro de los puntos controversiales tras el séptimo día del paro fue el traslado de los detenidos de Otavalo a la Cárcel de Esmeraldas, centro que recientemente fue escenario de un amotinamiento con 17 fallecidos. Para la Conaie, en cambio, la judicialización de los manifestantes es una muestra de criminalización de la protesta social, que suma la muerte de Fuerez a los abusos denunciados.

Los aprehendidos fueron procesados por presunto terrorismo, a pesar de no contar con antecedentes penales. Jaramillo defendió la medida, asegurando que la competencia le corresponde al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y que no existen disposiciones legales que impidan los traslados. “Si se considera que los actos cometidos son terrorismo, eso debe determinarlo la justicia”, dijo, sin confirmar vínculos de los detenidos con grupos armados organizados.

Durante la misma comparecencia, la ausencia pública del presidente Daniel Noboa en la crisis fue cuestionada, ya que ha habido otros episodios violentos en los que el mandatario no se pronunció. Jaramillo respondió que Noboa “prefiere estar en territorio antes que en los medios” y que su presencia en el convoy humanitario en Imbabura demostraba compromiso con los sectores afectados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!