Un grupo de 17 miembros del Parlamento Europeo emitió un comunicado en el que manifiestan su profunda inquietud por la represión y criminalización que, según denuncian, enfrentan defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y organizaciones sociales en Ecuador, en el marco del paro nacional iniciado en septiembre.

Te puede interesar: Paro Nacional y justicia indígena: Así se castiga la desobediencia en las comunidades

Difundido el 14 de octubre, el pronunciamiento alerta sobre el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado ecuatoriano y advierte que podrían activarse las cláusulas de derechos humanos contenidas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ecuador.

El aumento de la represión estatal es innegable

Los parlamentarios europeos señalan que, durante las últimas semanas, se han registrado detenciones arbitrarias, malos tratos y procesos judiciales por cargos de terrorismo contra dirigentes sociales.

“El aumento de la represión estatal en Ecuador es innegable”, enfatiza el comunicado, que exhorta a la Delegación de la UE en Quito a usar de inmediato sus herramientas diplomáticas para proteger los derechos humanos y evitar nuevas violaciones.

El texto también insta al Gobierno de Ecuador a detener el uso excesivo de la fuerza y garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Cronología de los hechos que preocupan a la Unión Europea

En su pronunciamiento, el Parlamento Europeo incluyó un resumen de los acontecimientos más relevantes desde septiembre.

Entre ellos destacan las movilizaciones masivas en Cuenca y otras ciudades de Azuay, donde más de 90.000 personas protestaron contra el proyecto minero Loma Larga, considerado una amenaza ambiental por las comunidades locales.

Estas manifestaciones coincidieron con las protestas convocadas por la Conaie en rechazo al retiro del subsidio al diésel y a las políticas económicas del Ejecutivo.

Asimismo, el comunicado menciona que el 22 de septiembre en Imbabura fueron detenidas 13 personas de la nacionalidad kichwa de Otavalo, acusadas de terrorismo.

Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron arbitrariedades en los procesos judiciales y vulneraciones al debido proceso, incluyendo denuncias de malos tratos durante la custodia policial.

Amnistía Internacional denuncia desapariciones forzadas

El documento europeo también hace referencia al informe de Amnistía Internacional, titulado “Son militares, yo les vi”, el cual concluye que las Fuerzas Armadas habrían cometido desapariciones forzadas dentro del Plan Fénix, la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa.

El informe reporta 10 desapariciones forzadas, entre ellas seis menores de edad, lo que generó alarma en la comunidad internacional.

En su comunicado, los eurodiputados realizaron cuatro solicitudes formales al Estado ecuatoriano:

Emitir una declaración urgente que ordene el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta.

Establecer un diálogo diplomático de alto nivel para exigir garantías a los derechos fundamentales, la libertad de prensa y la independencia judicial.

Desplegar misiones internacionales de observación de derechos humanos durante las movilizaciones, en coordinación con la sociedad civil.

Evaluar la suspensión temporal del Acuerdo Comercial UE–Ecuador si se comprueban violaciones graves y persistentes a los derechos humanos.

Preocupación por el debilitamiento institucional

El Parlamento Europeo también expresó preocupación por la campaña gubernamental contra la Corte Constitucional, cuyos jueces han sido presentados como “enemigos del pueblo”.

Esta narrativa, advierten los parlamentarios, erosiona la independencia judicial y socava el Estado de derecho.

De persistir esta situación, los representantes europeos no descartan activar mecanismos de suspensión del acuerdo comercial, vigente desde 2017, que representa un pilar clave para las exportaciones ecuatorianas al mercado europeo.

Una posible suspensión tendría consecuencias económicas significativas, especialmente para el sector agrícola y pesquero.

Finalmente, el comunicado recuerda que el Acuerdo de Asociación UE–Ecuador contiene cláusulas que condicionan su vigencia al respeto de los derechos humanos.

“Los hechos reportados son motivo suficiente para considerar la activación de estas cláusulas”, concluye el pronunciamiento.

Accede a todo el contenido exclusivo de Extra sin límites ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!