Un funcionario municipal de Quito fue enviado a prisión preventiva como presunto integrante de una red internacional de pornografía infantil que operaba a través de WhatsApp y que, según la investigación, reunía a unos 140 usuarios de 12 países bajo el nombre de “Free World”. En la misma causa quedaron detenidos un joven de la Amazonía, hijo de una trabajadora municipal, y un tercer procesado domiciliado en Guayaquil, todos imputados por el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, previsto en el artículo 104 del COIP.

De acuerdo con el acta de la audiencia de formulación de cargos, a la que EXTRA tuvo acceso, la Fiscalía de Ciberdelitos inició la investigación tras un aviso enviado por la Policía de Colombia, que recibió una denuncia anónima sobre una red de pedofilia activa en WhatsApp. A través de Ameripol y del Centro Especializado de Cibercrimen AC3 se remitieron a Ecuador los datos del grupo “Free World”, donde se detectaron números telefónicos con prefijo +593.

Material de abuso sexual infantil

Pericias informáticas realizadas sobre el material remitido señalan que en el chat se intercambiaba “material de abuso sexual infantil”. En los diálogos se pedían videos de niñas de 11 o 12 años, grabaciones de “espiando a niñas en el baño” y se usaban claves como “CP” en referencia a pornografía infantil, según expuso el fiscal en la audiencia.

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A partir de los números identificados, la Policía rastreó cuentas en redes sociales: uno de los teléfonos habría estado asociado en Facebook al nombre “Josep Astudillo”, otro a “Abram Cárdenas” y un tercero, al parecer, a un perfil de LinkedIn a nombre de Rodrigo Vaca, quien figura como funcionario de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) de Quito desde febrero de 2014, según su declaración patrimonial en la Contraloría.

El grupo al que pertenecerían los sospechosos detenidos en Ecuador

En los informes policiales se detalla que estos números constaban como integrantes del grupo “Free World”, donde se habrían descargado, almacenado y compartido videos y fotografías con contenido sexual de menores. Además, uno de los reportes CyberTipline, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, habría quedado vinculado a la cuenta “Abrán Cárdenas”, lo que reforzó la individualización de ese usuario.

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La Fiscalía presentó como elementos de convicción las pericias de audio y video, los chats extraídos del grupo, autorizaciones judiciales para seguimientos y vigilancias, y los informes que vinculan los teléfonos a los perfiles de redes sociales de los tres ecuatorianos. Con esos insumos pidió 90 días de instrucción fiscal y la prisión preventiva, alegando la gravedad del delito, la posible existencia de una estructura transnacional y el riesgo de fuga.

Rechazo de las defensas

Las defensas de los procesados rechazaron la medida. El abogado de Rodrigo Vaca insistió en que “integrar un grupo no significa haber cometido un delito”, sostuvo que no existe evidencia de que su cliente haya enviado o comercializado videos y recalcó que tiene arraigo laboral y familiar en Quito por su trabajo estable en el Municipio.

La defensa de Abrán Cárdenas alegó que en las hojas de chats citadas por la Fiscalía no aparecería el número de su representado, que no habría conversaciones ni envíos atribuibles a él y que el joven, oriundo de Aguarico, vive con su familia, cuenta con trabajo y “los fines de semana incluso ayuda a su madre, quien trabaja en el Municipio”, por lo que pidió medidas alternativas.

El abogado de Joseph Astudillo cuestionó que, de un grupo con unos 140 usuarios, solo tres personas estén procesadas, advirtió que cualquier usuario puede ser agregado a un chat sin conocer su contenido y recordó que la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio. También alertó sobre los riesgos en las cárceles, como tuberculosis y extorsiones, si luego se determina que los detenidos no tuvieron participación.

Decisión judicial contra los sospechosos

Tras escuchar a las partes, el juez Vicente Hidalgo calificó de legal la detención y concluyó que los elementos de convicción permiten inferir una posible participación de los tres imputados y que las medidas alternativas resultarían insuficientes para garantizar su comparecencia. Por ello ordenó la prisión preventiva para Astudillo, Vaca y Cárdenas, y dispuso que el SNAI defina los centros donde cumplirán la medida, mientras avanza la instrucción fiscal.

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