Ante la creciente preocupación por la influencia del crimen organizado en el sistema de justicia, el Gobierno nacional ha respaldado la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa que introduce mecanismos de evaluación anticipada y abre la posibilidad de declarar en emergencia la Función Judicial.

La medida busca atacar lo que desde el Ejecutivo consideran un problema de fondo: la corrupción judicial y su impacto directo en la seguridad ciudadana. Así lo expresó el ministro del Interior, John Reimberg, al señalar que el sistema ha dejado de ser solo ineficiente y ahora representa un riesgo estructural para la sociedad.

Evaluaciones y reformas urgentes en el sistema judicial

La ley, aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2025, permite al Consejo de la Judicatura declarar en emergencia a la Función Judicial, habilitando así acciones inmediatas como la aceleración de concursos, implementación de reformas internas y la remoción de funcionarios ineficientes.

Uno de los principales cambios contempla evaluaciones extraordinarias a jueces y fiscales en funciones, sin necesidad de esperar la finalización de su periodo. Estas evaluaciones podrán realizarse una sola vez y deberán basarse en criterios técnicos previamente establecidos, como el cumplimiento de metas, la motivación jurídica de sus resoluciones, la inexistencia de sanciones disciplinarias y la opinión de la sociedad civil y el gremio legal.

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En caso de obtener calificaciones deficientes en al menos dos procesos o solo satisfactorias en tres, los funcionarios podrían ser removidos de sus cargos.

El ministro Reimberg defendió esta normativa como una herramienta esencial para enfrentar el deterioro del sistema judicial, asegurando que mientras las fuerzas del orden cumplen con su labor, “se necesita una justicia que no esté capturada por las mafias”.

En entrevista con Teleamazonas, justificó también la decisión del Gobierno de revelar públicamente los nombres de jueces y fiscales vinculados a decisiones judiciales controvertidas, argumentando que se trata de rendición de cuentas y no de persecución.

El ministro ha cuestionado en varias ocasiones la liberación de personas procesadas por delitos graves mediante medidas sustitutivas, como arresto domiciliario. Según sus declaraciones, estas decisiones judiciales generan desconfianza y permiten que estructuras delictivas mantengan influencia fuera de los centros de reclusión.

Críticas por la exposición pública de jueces y fiscales

La postura del ministro ha generado reacciones diversas. Uno de los pronunciamientos más críticos provino del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), que expresó su preocupación por la exposición de funcionarios judiciales, advirtiendo que esta medida no resuelve los problemas estructurales, como la falta de recursos, la inseguridad que enfrentan jueces y fiscales y las debilidades institucionales existentes.

A pesar de ello, Reimberg ha insistido en que la depuración del sistema judicial es necesaria, especialmente ante decisiones como otorgar medidas sustitutivas en casos relacionados con homicidios culposos o tráfico de drogas. “Liberan a delincuentes por un cálculo en el riñón o por una cirugía estética”, afirmó.

Medidas de protección y respaldo del oficialismo

En respuesta a las declaraciones del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, sobre la supuesta desprotección de los operadores de justicia, Reimberg aseguró que el Gobierno ha asignado seguridad a quienes lo han solicitado. Según cifras oficiales, se han destinado 183 policías para proteger a 114 fiscales en funciones.

El ministro subrayó que se está actuando con responsabilidad y que “no se puede decir que no se está haciendo nada”, destacando que las cifras reflejan el compromiso del Ejecutivo en materia de seguridad judicial.

Durante el debate parlamentario, representantes del oficialismo defendieron la ley como una vía para mejorar la transparencia y eficiencia del sistema judicial. Argumentaron que la lentitud y la falta de integridad en ciertos operadores impide combatir con efectividad la corrupción y la inseguridad.

Por su parte, sectores de oposición como el bloque correísta expresaron preocupación por un posible uso político de los mecanismos de evaluación, especialmente si se aplican de forma discrecional desde el Ejecutivo.

Otro punto de crítica fue el uso excesivo del arresto domiciliario. Según la Comisión de Fiscalización, actualmente 885 policías están asignados a la custodia de 275 personas bajo esta medida, lo que ha sido calificado como un uso ineficiente de recursos.

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