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Extorsión en Quito: "Tenemos secuestrada a su hermana y requerimos 20.000 dólares"
A una mujer amenazaban con desmembrarla. Estos son los detalles conocidos del este estremecedor caso que ha dejado una persona detenida
La mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025 comenzó como una jornada más para una familia de Quito, pero en pocas horas se convertiría en una pesadilla marcada por amenazas, videollamadas y exigencias de dinero. El caso terminó 24 horas después con una mujer detenida, un operativo ejecutado por la Unase y una audiencia de flagrancia en la que se ordenó prisión preventiva por presunta extorsión.
Según el expediente judicial, todo empezó cuando María, de 42 años, salió hacia el sector de Puembo, al oriente de Quito, para revisar un contrato de readecuaciones. Poco después de las 11:00, su hermano Juan empezó a recibir mensajes por WhatsApp desde números internacionales (+52, de México, y +57, de Colombia). En los textos y audios, los desconocidos se identificaban como integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.
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“Le tenemos secuestrada a su hermana y requerimos 20.000 dólares”, habría sido una de las frases enviadas, junto con advertencias violentas: si no pagaba, decían que supuestamente la llevarían “a Colombia para desaparecerla”.

Amenazaban a la víctima con hacerla "picadillo"
De acuerdo con la exposición de la Fiscalía en audiencia, el hombre no solo recibió mensajes, sino que su hermana también empezó a ser contactada mediante videollamadas. A través de un número aparentemente local, los presuntos extorsionadores la mantenían vigilada: “Mira, te tenemos controlada. Si cuelgas, te mandamos a nuestros hombres para que te hagan picadillo”.
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Ella relató luego a los agentes que no podía moverse libremente porque existía el temor de que los individuos le hicieran algo, pues la observaban en tiempo real, a través de la llamada, y la amenazaban si intentaba alejarse del sector.
Ante el miedo de que los delincuentes cumplieran sus amenazas, su hermano realizó dos transferencias bancarias a la cuenta que los extorsionadores le proporcionaron. El número pertenecía a una entidad bancaria ecuatoriana, a nombre de Soraya Chuquitarco, de 42 años. Los pagos fueron de 1.500 y 3.500 dólares, para un total de 5.000 dólares. Un día después, cuando la mujer logró llegar a su domicilio, señaló que habría permanecido retenida por las amenazas recibidas mediante las videollamadas.
Operativo en el sur de Quito
Tras la denuncia, equipos de la Unase ejecutaron diligencias y operaciones simultáneas en distintos puntos de Quito. En las calles José María Alemán y Antonio Moscoso, en el sector de La J, habrían observado a una mujer que, al notar la presencia policial, comenzó a alejarse de manera inusual.
La ciudadana intervenida fue identificada como la propietaria de la cuenta bancaria. Durante el registro, llevaba dos teléfonos celulares: un Infinix con chip de Tuenti y un Xiaomi con chip Movistar y otro Tuenti. Según el informe policial, ella misma declaró de forma espontánea que la cuenta bancaria era suya y que había entregado el dinero a una mujer venezolana, quien supuestamente le “apoyaba con 30 a 50 dólares” a cambio de prestar su cuenta.
Sector donde ocurrió la detención de la sospechosa
La audiencia y la decisión judicial tras el caso de extorsión
La detenida fue trasladada a la Unidad de Flagrancia, donde la noche del 27 de noviembre se instaló la audiencia. Ante la jueza Paulina Sarzosa, la Fiscalía formuló cargos por extorsión. El fiscal Israel Ortega expuso los elementos de convicción: versiones de la víctima y su hermano, parte policial, transferencias bancarias, cadena de custodia, examen médico de la detenida, entrevistas de los aprehensores, y pericias psicológicas practicadas a los afectados.
La defensa alegó que Chuquitarco habría sido engañada y que solo prestó su cuenta bancaria. Sin embargo, la jueza consideró que no existía arraigo personal, laboral ni familiar suficiente, y que la pena prevista para el delito incrementaba el riesgo de fuga. Además, señaló que las medidas no privativas serían insuficientes para asegurar su comparecencia, por lo que le ordenó prisión preventiva.
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