La sangre en el suelo y unas sandalias tiradas, visibles desde la rendija de la puerta, fueron las huellas del ‘infierno’ que se desató a las 15:19 del miércoles 4 de junio de 2025, durante el ataque a un centro de tolerancia ubicado en la vía Esmeraldas-Atacames, en el sur de la Provincia Verde.

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Ese día, unos sujetos sin escrúpulos no intercambiaron palabras ni advertencias; solo descargaron una ráfaga de disparos y se marcharon.

Tras el tiroteo vieron a Erick Steven Castro Muñoz, guardia de seguridad de 35 años, con la mirada perdida y el aliento entrecortado. Estaba herido, con dos balazos: uno en la cabeza y otro en la parte baja de la espalda.

Una unidad policial del circuito Valle Hermoso arribó y en la patrulla trasladó al guardia hasta el Hospital Delfina Torres de Concha. Allí permanece con pronóstico reservado.

Extorsión, el motivo del ataque

Este atentado no fue un hecho aislado. Según una fuente policial, sería una advertencia directa de presuntos ‘vacunadores’, que extorsionan con sangre y fuego a los dueños de estos locales.

La extorsión en los centros de tolerancia ya es una ‘epidemia’. Las trabajadoras sexuales ya no bailan ni sonríen con libertad. Algunas han abandonado la ciudad. Otras, simplemente, han desaparecido.

Luz María (nombre ficticio), de 29 años, ya no quiere volver al local. “Apenas escuché los tiros, me metí debajo de la barra. Vi al señor Erick caer. Pensé que lo habían matado”, relató entre lágrimas.

“Aquí ya no llega gente. Solo el miedo entra por la puerta”, afirma Carolina, otra trabajadora que ha dejado de asistir desde hace dos semanas. “Mis compañeras se fueron a Quito, a Ibarra, a Colombia”, sostiene la mujer.

​El miedo le gana terreno a la diversión

El miedo también lo sienten los administradores. Jorge, encargado de otro centro de tolerancia cercano, dice: “No sabemos qué hacer. Si denunciamos, nos matan. Si no pagamos, nos matan igual”.

Donde antes había música y risas forzadas, ahora hay sillas vacías, luces apagadas y un aire espeso que ahoga. Según la fuente policial, al menos cinco centros de tolerancia han reportado amenazas similares desde marzo. Sin embargo, el miedo paraliza las denuncias. Nadie quiere hablar.

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