Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González, tres caras conocidas del partido político Revolución Ciudadana (RC5), fueron vinculados al caso Ligados, en el cual se los investiga por el delito de asociación ilícita.

La audiencia de vinculación se realizó la mañana del miércoles 4 de junio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, donde el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, presentó los elementos de convicción para sustentar el pedido.

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Toainga expuso ante la jueza Daniella Camacho que, bajo el control de vocales correístas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) “se convirtió en la sede de un partido político para captar espacios de poder”.

La investigación de este caso, en el que inicialmente se acusó a los vocales destituidos Augusto Verduga, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, empezó tras la explotación de mensajes y audios del teléfono de Verduga, en los cuales se evidenciaban pactos extraoficiales para la designación de autoridades.

¿Cuáles son las acusaciones a los nuevos vinculados al caso Ligados?

Según el FGE, Andrés Arauz, excandidato a presidente y secretario general de RC5, era quien daba órdenes al CPCCS sobre quiénes debían ser designados en puestos clave de poder, como los vocales del Consejo de la Judicatura.

Sobre Esther Cuesta, exasambleísta, Toainga explicó que tuvo un papel importante en la designación de Raúl González, otro de los vinculados, como superintendente de Bancos, pese a que ya se había seleccionado a Roberto Romero para este cargo, en el que también concursaba González.

Según lo expuesto por la Fiscalía, cuando Romero debía recibir su nombramiento en la Asamblea Nacional, Raúl González envió una misiva indicando que el trámite debía descartarse porque supuestamente iba en contra de una sentencia de la Corte Constitucional.

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Con esta excusa, Cuesta no convocó la sesión del Pleno para investir a Romero y, en cambio, elevó una consulta al CPCCS sobre quién debía asumir el puesto, el cual fue otorgado de esta forma a González.

¿Por qué las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía eran inaplicables?

El fiscal Toainga solicitó, como medidas cautelares para los nuevos vinculados, la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la CNJ.

Sin embargo, esto no sería posible en los casos de Arauz y Cuesta, quienes residen en México e Italia, respectivamente. El primero lo hace en calidad de refugiado, mientras que la segunda, como migrante.

Por este motivo, Gabriel Rivera, abogado de Arauz, solicitó que la presentación periódica de su defendido sea en la embajada suiza en México, ya que actualmente no hay relaciones diplomáticas entre Ecuador y ese país.

Por su parte, Diego Guarderas, defensor de Cuesta, explicó que su clienta es una migrante radicada en Génova, Italia, desde hace 29 años, y por eso pidió que la medida cautelar se cumpla en la delegación diplomática de esa localidad.

La jueza Camacho decidió que Arauz y Cuesta se presenten mensualmente ante la CNJ, por lo que no les prohibió entrar ni salir del país.

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