La compra de 60 trolebuses eléctricos para Quito quedó bajo la lupa de la Contraloría General del Estado. Un informe de auditoría determinó un presunto perjuicio económico de 2,55 millones de dólares en el proceso de adquisición y halló indicios de responsabilidad penal, que serán remitidos a la Fiscalía para investigación.

El examen se realizó sobre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y abarcó los procesos de contratación de la nueva flota, así como las fases de preparación, negociación, suscripción y ejecución del Memorando de Acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). La revisión cubrió el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025.

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De acuerdo con el informe, la EPMTPQ adquirió los 60 trolebuses sin aplicar los procedimientos ordinarios previstos en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Al tratarse de bienes “normalizados”, la compra debió hacerse mediante subasta inversa electrónica, tal como había recomendado el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). En lugar de eso, el Municipio recurrió a un esquema de cooperación con UNOPS, activado a partir de un Memorando de Entendimiento suscrito por el alcalde Pabel Muñoz.

¿Hubo coordinación técnica en la compra de trolebuses?

La Contraloría señala que, sin una coordinación técnica previa suficiente, la gerencia de la Empresa de Pasajeros invitó a UNOPS a presentar una propuesta y luego firmó un Memorando de Acuerdo para que esa agencia internacional se encargara de la adquisición de las unidades eléctricas. El organismo de control concluye que no se justificó por qué se apartaron de los procedimientos nacionales ni se documentó de forma adecuada la estructura de costos del proyecto.

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Como resultado de esas decisiones, se efectuaron pagos a UNOPS por $2’552.307,83 en conceptos de costos de implementación y costos indirectos, montos que la Contraloría considera carentes del sustento necesario y por los que recomendó glosas civiles. Además, el informe sugiere responsabilidades administrativas por aproximadamente USD 79.970 para varios servidores de la Empresa de Pasajeros.

Sobre el cumplimiento de especificaciones

El examen también cuestiona las características técnicas de los vehículos. Según la auditoría, los 60 trolebuses eléctricos incumplieron 15 de las 80 especificaciones previstas en el contrato, pese a que el prototipo fue aprobado por autoridades técnicas de la Empresa. Entre las observaciones se mencionan parámetros operativos que, a criterio de la Contraloría, podrían impactar en la seguridad de los usuarios y en la vida útil de la flota.

En el capítulo de responsabilidades, la Contraloría identifica como principal responsable al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por la forma en que se gestionó la contratación mediante UNOPS. También incluye a exgerentes, técnicos y miembros de la comisión de recepción de los trolebuses. El informe dispone la emisión de glosas, la apertura de sumarios administrativos y el envío de los indicios penales a la Fiscalía.

Respuesta del Municipio de Quito

La respuesta del Municipio llegó pocas horas después de conocerse el documento. En un comunicado oficial, la Empresa de Pasajeros y el alcalde Muñoz rechazaron “categóricamente” las conclusiones del órgano de control, asegurando que la compra de los trolebuses se ejecutó con total transparencia, a menor costo que el presupuesto referencial y amparada en el marco jurídico nacional, bajo el liderazgo de UNOPS.

Muñoz calificó el informe como parte de una “persecución política” y defendió la modernización del sistema de transporte como un logro para la ciudad. Mientras tanto, el informe de Contraloría queda ahora en manos de la Fiscalía y de las instancias administrativas competentes, que deberán determinar si las observaciones se traducen en sanciones efectivas y eventuales procesos penales por la polémica compra de los nuevos trolebuses de Quito.

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