La tensión volvió a escalar en la capital. En San Miguel del Común, un poblado localizado al norte de Quito, la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo que derivó en enfrentamientos con manifestantes, denuncias de presunta represión y acusaciones de infiltración.

Este hecho detonó una nueva ola de críticas al Gobierno, mientras se confirmaba el envío de 3.000 militares y más de 1.000 policías para reforzar la seguridad en Quito y la Sierra norte. Videos difundidos en redes sociales han mostrado a personas uniformadas como policías ingresando a la comuna, el lanzamiento de gases lacrimógenos y la destrucción de cámaras de seguridad.

En consecuencia, la Conaie denunció lo ocurrido como un acto de “represión estatal” y “guerra sucia” contra el pueblo movilizado. Según un comunicado, durante más de doce horas (entre el 9 y 10 de octubre) el operativo “sitió completamente la zona comunitaria”, aterrorizando a familias con disparos y gases dentro de sus hogares.

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A través de X, la organización indígena afirmó que “la Policía Nacional destruye cámaras para borrar las evidencias de la represión en San Miguel del Común” y difundió cuatro videos donde se observa a supuestos agentes dañando equipos de vigilancia. Consultada por EXTRA y otros medios de comunicación, la Policía no respondió hasta el cierre de esta edición.

Allanamiento en San Miguel del Común

Frente a las acusaciones, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el operativo respondió a una acción de inteligencia. “Se allanó un domicilio donde se fabricaban y almacenaban artefactos explosivos, entre ellos bombas molotov, además de instrumentos usados para barricadas y trincheras”, escribió en X. El ministro defendió que la Policía actuó dentro del marco legal y que “cumple con su trabajo de resguardo del orden público”.

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En la misma línea, la Policía Nacional rechazó las versiones sobre supuesta infiltración en las protestas. Mediante su cuenta oficial, explicó que los agentes “pertenecían a la Policía Judicial y realizaban un allanamiento autorizado por la autoridad competente tras una alerta sobre material explosivo”. “Reiteramos la importancia de informarse por canales oficiales, con datos verificados y contrastados”, añadió la institución, sin precisar más detalles, pese a las consultas en uno de sus canales de comunicación.

“Guerra interna”, afirma la Conaie

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador emitió un comunicado en el que acusó al Gobierno de Daniel Noboa de “desatar una guerra sucia contra el pueblo ecuatoriano”. Señaló que el operativo de San Miguel del Común demostraría una estrategia de infiltración y montaje para criminalizar la protesta social.

“El Gobierno mantiene un silencio cómplice frente a graves violaciones de derechos humanos. Mientras persista esta violencia estatal, no habrá diálogo ni salidas políticas reales”, afirmó la organización.

Refuerzos para la capital ecuatoriana

En paralelo al conflicto, el comandante general de la Policía, general Pablo Dávila, encabezó un acto de despliegue operativo en Quito, específicamente en la avenida de los Shyris. Acompañado del general Henry Tapia, reiteró que más de mil servidores policiales reforzarán la seguridad ciudadana en toda el área metropolitana.

“Nos encontramos revisando las capacidades de nuestros oficiales, motivando a nuestro talento humano para los operativos que realizaremos no solo en Quito, sino también en el norte del país”, declaró Dávila. Añadió que la institución cuenta con “el personal suficiente” y que los operativos incluirán patrullajes preventivos, controles antidelincuenciales y vigilancia en puntos estratégicos.

El mando policial sostuvo que el despliegue responde a disposiciones del presidente y del ministro del Interior, y que el objetivo es “devolver la paz y la tranquilidad, trabajando con respeto a los derechos humanos”.

Arribo de militares a Quito

De forma paralela, las Fuerzas Armadas confirmaron que sus tres mil efectivos llegarían por vía aérea al aeropuerto de Latacunga, en Cotopaxi, y al de Tababela, en las afueras de la capital ecuatoriana, para integrarse a las operaciones conjuntas. “Esta acción forma parte del plan operativo nacional destinado a mantener el orden público, prevenir actos de violencia y garantizar la paz y tranquilidad de los ecuatorianos”, informó la institución castrense.

El refuerzo militar busca también fortalecer el control en la Sierra norte, donde se prevén nuevos focos de tensión en provincias como Imbabura y Cotopaxi. “Continuaremos ejecutando operaciones militares en todo el territorio nacional”, añadieron las Fuerzas Armadas.

Seguridad ciudadana en Quito

El comandante Dávila insistió en que la Policía mantendrá el orden “sin descuidar la seguridad ciudadana” y subrayó que el despliegue operativo busca prevenir actos de violencia. “Estamos listos para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía”, dijo el oficial.

Convocatoria a la “Marcha de Vida y Resistencia”

Organizaciones sociales y comunitarias han convocado para mañana, domingo 12 de octubre a una gran movilización denominada “Marcha Pacífica de Vida y Resistencia”. Está previsto que el recorrido inicie a las 10:00 en el sector de la Villaflora, en el sur de la urbe capitalina, y avence hacia el parque El Arbolito, en el centro norte de la ciudad, un tradicional punto de concentración de las protestas en Quito.

De acuerdo con lo difundido a través de redes sociales, en esta también llamada “gran marcha” participarán colectivos feministas, artesanos, estudiantes, comerciantes, asociaciones barriales y comunidades kichwas. Las autoridades prevén una alta concurrencia y han dispuesto anillos de seguridad y controles en terminales terrestres.

Alerta internacional por la crisis en Ecuador

La comunidad internacional ha expresado preocupación por la escalada de violencia en Ecuador y ha pedido al Gobierno y a los movimientos sociales buscar salidas pacíficas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó a investigar los hechos ocurridos durante las protestas y llamó a un diálogo “sin exclusiones”, mientras la Unión Europea recordó que el derecho a la manifestación debe ejercerse “de forma pacífica y sin represión”.

Desde Washington, el Departamento de Estado de EE. UU. exhortó a las partes a bajar las tensiones y evitar el uso excesivo de la fuerza. En la región, Colombia, Perú, Costa Rica y Panamá expresaron su respaldo institucional al Gobierno ecuatoriano y su rechazo a los ataques registrados durante las movilizaciones, como el ocurrido contra la caravana presidencial.

Los países coincidieron en que la estabilidad democrática debe preservarse a través del diálogo y el respeto a los derechos humanos. Por su parte, las embajadas de Estados Unidos y España en Quito emitieron alertas para sus ciudadanos, recomendando evitar zonas de protesta. A su vez, Amnistía Internacional denunció posibles abusos policiales y detenciones arbitrarias, pidiendo al Estado ecuatoriano garantizar la integridad de los manifestantes y asegurar procesos transparentes frente a las denuncias de represión. 

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