A un día de que se cumpla un año de la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, conocidos como los niños de Las Malvinas, sus padres señalan directamente al Estado como responsable de sus muertes. Aseguran que, desde el inicio, no recibieron apoyo del presidente Daniel Noboa ni de las Fuerzas Armadas, instituciones a las que responsabilizan por la falta de una investigación transparente y por obstaculizar un acceso efectivo a la justicia. “Es un crimen de Estado”, expresaron a EXTRA.

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Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, afirma que el Ejecutivo nunca se pronunció sobre el caso. “El presidente Noboa y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, conocen lo ocurrido y la responsabilidad de los militares. Debían proteger a nuestros hijos, no desaparecerlos ni asesinarlos. Esperamos unas disculpas del presidente y del ministro. Destruyeron la vida de nuestros hijos”, sostuvo.

Los cuatro menores fueron vistos por última vez la noche del 8 de diciembre de 2024 cuando —según la investigación— fueron subidos a dos vehículos militares y llevados a un punto de la parroquia Taura, en Naranjal. Dieciséis días después, el 24 de diciembre, sus cuerpos aparecieron en un manglar, carbonizados y mutilados. La identificación oficial se confirmó seis días más tarde.

Arroyo; Ronny Medina, padre de Steven; y Johanna Arboleda, madre de Nehemías, renovaron sus cuestionamientos. Las contradicciones expuestas en la recta final del juicio por desaparición forzada —en el que están procesados 17 militares— han incrementado su indignación. El juicio se instaló el pasado 5 de noviembre.

Contradicciones e inconsistencias

Los padres señalan que, pese a los peritajes forenses, videos y chats extraídos de los teléfonos de los uniformados, los procesados continúan negando participación en las torturas y ejecución de las víctimas. “Las autopsias revelan fracturas, heridas y signos evidentes de maltrato que contradicen sus versiones”, dijo Arroyo.

Añadió que una de las intervenciones más polémicas fue la del teniente coronel Juan Francisco Iglesias, quien —según las familias— reconoció parcialmente hechos comprometedores para luego intentar rectificarse. También recordaron las disculpas de algunos militares que admitieron haber mentido u omitido información, aunque sin asumir responsabilidad penal.

Arroyo denunció además que, durante la audiencia, se reveló que un abogado particular habría ofrecido una coartada unificada a los procesados a cambio de dinero.

Videos y expresiones racistas

El expediente incluye videos y fotografías extraídos de los teléfonos de los propios militares. En ellos se observan insultos, golpes, burlas y expresiones racistas dirigidas a los menores, señalaron las familias.

“No piden perdón de corazón; solo intentan limpiar su imagen. Los trataban de ‘negros’, se burlaban de nuestros hijos. Había racismo. Ellos mismos grabaron cómo los maltrataban. Y ahora dicen que no pasó nada. ¿Cómo se explica tanta mentira?”, cuestionó Arroyo.

Los padres rechazan la versión de que los uniformados no supieran que se trataba de menores de edad, pues —aseguran— sus características físicas eran evidentes. También descartan la participación de grupos criminales y reiteran que la responsabilidad recae totalmente en el Estado.

“Uno de mis hijos tenía 14 años y medía un metro cincuenta. Dijeron que medía un metro setenta y cinco; había un niño de 11. Es absurdo tanta mentira. Nunca imaginamos la crueldad con la que fueron agredidos por los militares. Estamos horrorizados. Dios nos ha dado la fortaleza para seguir con esta lucha”, agregó el padre de Josué e Ismael.

Por su parte, Medina afirmó que, a un año de la muerte de Steven, “el dolor no se procesa” y que solo espera justicia. Para Johanna Arboleda, cada audiencia revive “tristeza e impotencia”, pero insiste en que seguirá luchando por su hijo y sus amigos.

El proceso judicial

Luis Aguirre, abogado de las familias, explicó que el juicio entró en su fase decisiva y que entre el lunes 8 y martes 9 de diciembre el Tribunal podría emitir sentencia. La acusación busca establecer la responsabilidad de los 17 militares procesados por desaparición forzada, tipificada en el artículo 84 del COIP.

Recordó que la audiencia enfrentó varios intentos de retraso, incluidos pedidos de diferimiento y la presentación de un certificado médico presuntamente falso. Según dijo, estas maniobras buscaban llegar a la fecha en que caduca la prisión preventiva de los procesados.

“La estrategia apuntaba a llegar al 31 de diciembre. Si la prisión preventiva caducaba, los procesados podían salir en libertad, lo que incrementaba el riesgo de fuga. Existen múltiples contradicciones entre las versiones de los militares procesados, pese a que intentaron sostener un relato uniforme. Esas inconsistencias contrastan con los testimonios de los cooperantes y con otras pruebas documentales y periciales”, señaló.

Cuestionamientos de la defensa

El abogado Jesús López Cedeño, defensor de ocho de los 17 procesados, sostiene que la acusación no configura desaparición forzada. Recordó que la etapa probatoria cerró con 50 testimonios y que cinco procesados se acogieron a cooperación eficaz, aunque —según él— con inconsistencias.

“Los testimonios de los cooperadores contienen contradicciones abismales. Aseguraron haber escuchado órdenes del teniente al mando, pese a que se trasladaban en una camioneta distinta, separada por varios metros. Los cooperadores buscan una salida jurídica, pero están faltando a la verdad”, dijo.

La defensa insiste en que los adolescentes fueron dejados en libertad en Taura y que luego se comunicaron con sus familias. También asegura que las muertes habrían sido cometidas por alias Momo y miembros de Los Águilas, hipótesis que se investiga en un proceso paralelo por secuestro con resultado de muerte. Confían en una absolución.

“El delito de desaparición forzada se configura cuando el agente del Estado oculta el paradero de la persona. Aquí, los militares entregaron informes cuando se les pidió y señalaron dónde dejaron a los menores. Incluso el señor Luis Arroyo dijo en audiencia que habló con su hijo por cinco minutos y que le contó que los militares los habían golpeado y dejado en un camino de tercer orden”, afirmó.

Testimonios clave

El fiscal Christian Farez, a cargo del caso, informó que el 1 y 2 de diciembre se presentaron los testimonios de tres procesados. Con ello concluyó la etapa testimonial y la práctica total de pruebas. La audiencia continuará con los alegatos de clausura, donde la Fiscalía expondrá su teoría final del caso. Aunque se preveía avanzar de inmediato, la sesión fue suspendida por la agenda del Tribunal.

Según el fiscal, en las versiones de los cinco militares acogidos a cooperación eficaz se detalló que los menores fueron llevados a una zona desolada de Taura, donde recibieron golpes, fueron desnudados y sus prendas quedaron dispersas entre la maleza. “Uno de los testimonios incluso mencionó un disparo cercano al oído de uno de los adolescentes. También revelaron que autoridades militares les habrían sugerido elaborar una versión que omitiera detalles sobre violencia y disparos”, explicó.

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