Casos de acoso sexual dentro de la Policía Nacional: miedo a represalias y procesos archivados

El 4 de enero de 2026, una joven policía denunció en la Fiscalía de Pichincha que, dentro de una oficina de un cuartel del norte de Quito, un coronel —comandante distrital— habría intentado besarla, tocarla a la fuerza y abusar de ella. EXTRA develó el caso y puso sobre la mesa el lado oscuro de la jerarquía dentro de la institución.

En ese mismo episodio, según la versión de la víctima, el superior también habría emitido comentarios ofensivos con connotación de género sobre quién merece buenos puestos en la institución por ser “bonita” y tener “buen cuerpo”. Esas frases no habrían sido malentendidos, como intentó sostener el coronel en una entrevista con EXTRA.

Policías cuentan su caso

Para la víctima y otras policías consultadas, este tipo de actitudes refleja cómo el abuso dentro del organismo se ha normalizado, amparado en la jerarquía, la impunidad y el silencio institucional.

La afectada también dejó constancia de una conversación en WhatsApp en la que escribió que lo ocurrido “no está bien” y pidió que “no se vuelva a repetir”; a lo que el oficial respondió con disculpas.

Cuando EXTRA consultó a la institución, la primera respuesta fue: “No tenemos conocimiento ni la competencia”. Dos días después llegó un documento firmado electrónicamente por el comandante de la Zona 9, en el que se anuncia una investigación interna al coronel implicado.

Según la abogada Kassandra Andrade, experta en violencia de género, ahí aparece un síntoma del problema: no hubo una reacción automática, sino una respuesta empujada por el foco público, lo que abre el debate sobre un posible encubrimiento policial.

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La jurista señala que cuando una institución dice que “no conoce” un caso o no activa rutas y protocolos con rapidez, se abre la puerta a dilaciones y a la pérdida de evidencias que, en este tipo de hechos, terminan beneficiando al agresor y favoreciendo la impunidad.

No la apoyaron

Lo que ocurrió después del presunto delito generó más indignación en la afectada. Buscó apoyo en varias mujeres, incluso en una oficial, pero no recibió atención. Solo una compañera le tomó fotografías de las marcas que, supuestamente, tenía en el cuello como producto del forcejeo con el coronel. Estas imágenes fueron adjuntadas como evidencia en la denuncia por intento de abuso sexual.

En este punto, Andrade advierte que cuando las propias uniformadas no colaboran con el cumplimiento de los protocolos o, peor aún, los desconocen, las denuncias terminan siendo un “adorno administrativo” y no una herramienta real de protección y prevención.

Ante el requerimiento de diario EXTRA para conocer cuántos casos de acoso y abuso sexual se dieron en 2025, la Policía Nacional envío cifras que revelan que en dicho periodo se tramitaron 46 presuntos casos de violencia basada en género. De ese total, 6 fueron por acoso sexual y 2 por abuso sexual. De los 46 hechos, 39 fueron archivados, 6 terminaron en sumarios administrativos y 1 se encuentra en investigación.

Además, el Distrito Metropolitano de Quito es la localidad donde más trámites se procesaron: 10 en 2025.

Riesgo dentro del cuartel

A partir de la denuncia contra el coronel, EXTRA dialogó con policías de diferentes rangos, quienes confirmaron que esta “dinámica acosadora” sería una constante dentro de la institución. Describieron un mismo patrón: un superior jerárquico como presunto agresor, un espacio cerrado dentro del cuartel, insinuaciones o agresión, miedo a denunciar y la sensación de que la institución protege primero su imagen y después a la víctima.

Paola, una mayor, cuenta que vivió un episodio similar en Cuenca, cuando trabajaba en la Cárcel de Turi. Según su relato, el coronel la citó a su habitación dentro del comando de la Subzona Azuay. Ella creyó que se trataba de un asunto administrativo, pero al entrar él habría intentado besarla y se le abalanzó. Paola recuerda que forcejeó por varios segundos, logró zafarse y salió corriendo.

En ese momento no denunció porque, según afirma, temía caer en señalamientos revictimizantes de sus propios compañeros. Incluso, una superior le habría dicho: “¿Para qué entra si estaban solos?, ¿por qué fue?, algo ha de haber querido”.

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Con ese escenario, Paola comprendió que en la institución a las víctimas de delitos sexuales les hacen sentir que hablar puede salirles caro. La oficial también describió que existe miedo a represalias y que la “solución” muchas veces no es sancionar al presunto agresor, sino trasladar a la víctima a zonas fronterizas o de mayor riesgo.

En este contexto, Andrade advierte que la estructura jerarquizada puede facilitar que se naturalice el abuso, debido al mando sobre la subordinación, el temor a represalias y una cultura que minimiza los delitos de carácter sexual.

En 2025, según cifras de la Fiscalía, a nivel nacional hubo 8.109 denuncias por abuso sexual; de estas, 8.005 fueron consumadas y 104 quedaron en tentativa. Respecto al delito de acoso sexual, la entidad recibió 1.440 denuncias: 1.424 consumadas y 16 en grado de intento.

Chantaje institucional

Andrea, cabo primero, cuenta que buscaba ingresar a la orquesta institucional y que el mayor encargado en ese entonces le habría puesto condiciones. “Quería que le ‘recompensara’ con ‘alguito’ por ayudarme a ser parte de la agrupación musical”. Según Andrea, el oficial insinuó que debía acostarse con él. Ella se negó y finalmente habrían escogido a otra aspirante.

Para Andrade, esta situación evidencia otro escenario dentro de la institución: el ascenso o la designación a ciertas funciones podrían concretarse únicamente si existe una retribución sexual. “Las uniformadas tienen la opción de rehusarse a la propuesta e impedir que se siga normalizando estos casos o ‘continuar el juego’, lo que implicaría verse inmiscuida en favores sexuales”.

La abogada concluye que muchas víctimas no denuncian por miedo a perder el trabajo, a ser enviadas a lugares alejados o peligrosos, o a ver afectada su imagen como mujer dentro de la institución.

Finalmente, Andrea comentó que en ese entonces fue trasladada a una Unidad de Policía Comunitaria del sur de Quito, donde hay alta conflictividad ligada al crimen organizado.

Aspectos jurídicos

La abogada penalista Valeria Mena señala que, en el ámbito administrativo, el abuso sexual es considerado una falta muy grave, según el artículo 121 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), que establece que “agredir, hostigar o acosar sexualmente o pedir favores sexuales, valiéndose de su cargo, mando o jerarquía en el servicio, constituye una falta muy grave una vez que sea debidamente comprobada”.

Mena asegura que este tipo de faltas puede acarrear sanciones que llegan hasta la destitución, además de medidas internas mientras se sustancia el sumario. Y recuerda que una cosa es el trámite disciplinario y otra la vía penal. “Ambas no se excluyen, sino que deberían complementarse”.

Acompañamiento e investigación

EXTRA consultó a la Policía Nacional sobre el protocolo oficial para recibir, tramitar y dar seguimiento a denuncias de acoso o abuso sexual cometidos entre servidores policiales. Desde el Departamento de Coordinación Estratégica de Derechos Humanos informaron que, en casos de violencia basada en género, la institución rige sus actuaciones bajo el “Manual de procedimientos de las unidades policiales para la atención de casos de violencia basada en género”.

Este instrumento constituye la guía obligatoria para que todo reporte de presunto abuso o acoso sexual sea abordado con enfoque de género, garantizando la protección de la presunta víctima, la confidencialidad del proceso y la activación inmediata de rutas de acompañamiento psicológico.

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Asimismo, señalaron que cuentan con un “Instructivo de Seguimiento y Evaluación en Materia de Derechos Humanos”, normativa que faculta al Departamento de Coordinación Estratégica de Derechos Humanos del Subcomando General a realizar el seguimiento de casos en los que se evidencien presuntos actos de acoso o abuso sexual.

Agregaron que las denuncias pueden presentarse a través del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, en dependencias o unidades policiales, así como en la plataforma web institucional.

EXTRA cuestionó respecto a las alertas de víctimas que denuncian presuntas represalias —como traslados a lugares alejados de sus familias o a zonas consideradas peligrosas—, la institución indicó que se aplican medidas administrativas de protección para evitar acciones como traslados arbitrarios, cambios injustificados de funciones o afectaciones a la carrera profesional de la presunta víctima.

Finalmente, ante la consulta sobre alguna medida que hayan implementado dentro de la institución para prevenir casos similares, informaron que el año pasado se ejecutó el “Curso de Especialización en Género aplicado a la función policial”, cuyo objetivo fue formar replicadores institucionales encargados de sensibilizar y profesionalizar a los servidores policiales a escala nacional.

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Según la entidad, esta acción preventiva busca dotar al personal de herramientas técnicas para el abordaje adecuado de estos casos y promover una cultura institucional de respeto y no discriminación en el ejercicio de sus funciones.